Asímismo, el abogado José Luis Galán, que representa la acción popular, también insta al magistrado a que en el caso en que dichos documentos figuren clasificados como secretos, interese al Ministerio de Defensa "su inmediata desclasificación y remisión por resultar imprescindibles para el enjuiciamiento de la presente causa".

Galán solicita también al instuctor que tome declaración como imputado a Manuel Guerrero Bravo, quien según las informaciones difundidas ayer y según testificó el coronel Juan Alberto Perote ante Móner, era el jefe del área 4 del CESID especializada en terrorismo y el enlace o representante de los servicios de inteligencia en el Mando Unico de la Lucha Contraterrorista.

Según dicho rotativo, Guerrero Bravo era quien aportaba al Mando Unico de la Lucha Contraterrorista los datos conseguidos en el CESID sobre ETA. El abogado tambiénpide que declaren como testigos los periodistas de "El Mundo" que firmaban la información de ayer.

En su escrito, que la acción popular también hace extensible a los documentos publicados hoy por el diario "El País", el abogado señala que de los papeles difundidos ayer, ya figura en la causa la transcripción de alguno, como el conocido como "acta fundacional" de los GAL, mientras que el resto eran desconocidos.

Sin embargo, destaca que todos ellos "tienen extraordinario interés para la instrucció" y concretamente el que menciona a Mikel Lujúa, a quien los GAL pretendían secuestrar y capturaron en su lugar por error a Segundo Marey.

Afirma que los otros documentos están "intimamente relacionados con la estrategia, objetivos y medios operativos de las acciones terroristas de los GAL en el sur de Francia y, por ello, tienen relación directa con esta causa, en cuanto la misma se sigue por integración en dicha banda armada", por lo que insta al juez a que los requiera al CESID.

Esta petición e la acción popular se suma a otra que esta parte del 'caso GAL' ya hizo hace unos meses a Móner, en el sentido de que requierse al Gobierno la desclasificación de los documentos del CESID.

Sin embargo, el magistrado rechazó esta petición dado que otros jueces que instruyen causas relacionadas con los GAL, como Baltasar Garzón o Javier Gómez de Liaño, ya habían instado la desclasificación y estaba pendiente de que el Gobierno se pronunciase al respecto.

Sin embargo, el pasado 2 de agosto, el Consjo de Ministros rechazó levantar el secreto sobre dichos papeles alegando que afectaban a la seguridad del Estado, decisión que fue recurrida ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que previsiblemente hasta finales del próximo mes de enero no se pronunciará al respecto.

Por su parte, la acción popular recurrió en apelación la negativa de Móner a pedir la desclasificación, recurso que la Sala Segunda estudiará también el próximo mes de enero, aunque probablemente aguarde para resolverlo a que la Saa Tercera se pronuncie sobre la desclasificación.

Por otra parte, la publicación en los medios de comunicación de los documentos del CESID ha causado malestar entre los jueces de la Audiencia Nacional que instruyen las causas relacionadas con los GAL, dado que consideran que la difusión puede perjudicar las investigaciones, al eliminar el factor sorpresa que provocaba el mantener el contenido de dichos papeles bajo secreto de sumario.

Los 20 documentos difundidos ayer y hoy por ambos rotativos so los que los jueces Garzón, Gómez de Liaño y Justo Rodríguez, que instruye el 'caso Urigoitia', reclamaron al Gobierno y que éste se negó a desclasificar. Su contenido está recogido en los autos que estos tres magistrados elevaron al Ministerio de Defensa solicitando su desclasificación.