El pasado 10 de julio, el Consejo de Ministros aprobó la distribución entre las comunidades autónomas de 40 millones de euros, suplementarios a los ya presupuestados para el año 2009, con destino a los CEE.

Con esta ayuda extraordinaria, reclamada por el sector social de la discapacidad representado por el Cermi y Feacem (Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo), se buscaba dotar a estas empresas de mayores recursos para atenuar las consecuencias de la crisis económica en el empleo protegido.

Ahora, según el Cermi, las CCAA "deben ser ágiles y transparentes en el reparto de esos fondos", pues aseguran que si los trámites burocráticos se dilatan, el efecto positivo de esas ayudas para el empleo protegido se diluirá, agudizándo la crisis.

En España existen casi 2.000 centros especiales de empleo que dan trabajo a 54.000 personas con discapacidad. La característica de estas empresas, que participan plenamente en el mercado abierto, es que al menos el 70% de su plantilla han de ser trabajadores con discapacidad.