Según informó hoy el Cermi en un comunicado, este comité planteará a los Parlamentos autonómicos, concretamente, que aprueben una declaración institucional o resolución "mediante la que los Legislativos hagan suyos los principios, valores y mandatos de la Convención e insten a los poderes públicos de la respectiva comunidad autónoma a aplicarla y respetarla en la esfera de sus competencias".

De este modo, subrayó el citado comité, se contribuirá a la difusión, conocimiento y mejor aplicación de la convención entre los distintos poderes territoriales "y más en un Estado tan descentralizado como España".

Desde el pasado 3 de mayo, día en que entró en vigor, la Convención de la ONU forma parte del ordenamiento jurídico español y vincula a las autoridades y a los ciudadanos, recuerda el Cermi.