La iniciativa tiene por objeto reconocer como economía social "los establecimientos de hostelería y restauración situados en pueblos de menos de 200 habitantes, y los pequeños comercios, incluida la venta ambulante" que prestan sus servicios en municipios de ese mismo tamaño.

Su objetivo, tal y como señala el texto, es “facilitar la sostenibilidad financiera y empresarial de estos establecimientos”.

En este sentido, el presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, señaló que la modificación legislativa que se plantea “no es la herramienta más adecuada y no supone en sí misma una medida de incentivo para desarrollar estos establecimientos en el medio rural”.

Según explicó, “el beneficio económico y social que estos establecimientos puedan generar no dependen de cómo éstos se hayan constituido jurídicamente para operar”.

“La medida incorporada en esta proposición de ley supone la creación de formas jurídicas empresariales a la carta, a partir de los valores y principios de la economía social, lo que supone desdibujar y desvirtuar este modelo empresarial”, concluyó.