En su opinión, esta ley "socava el derecho de asilo y es contraria a los tratados internacionales en materia de derechos humanos".

"La plataforma flotante donde se pretende ubicar a estas personas ni es un lugar digno de acogida, ni permite que en él se puedan garantizar los derechos de las personas que se han visto obligadas a abandonar sus países en busca de seguridad y protección", declararon desde la organización a Servimedia.

Asimismo, subrayaron que la mayoría de las solicitudes de asilo que se registraron en Reino Unido en el 2022 fueron de nacionales de Afganistán, Irán, Irak y Siria, y destacaron que "la propia Convención sobre el Estatuto de los Refugiados reconoce explícitamente que las personas refugiadas pueden verse obligadas a entrar irregularmente en un país para pedir asilo".

Por eso, "rechazamos toda medida de criminalización y penalización a las personas por no disponer de alternativas seguras para buscar protección", agregó CEAR.

A su juicio, la medida también "pone en peligro el respeto del principio de no devolución, al facilitar la expulsión de manera acelerada de personas necesitadas de protección" a países como Ruanda, "antes incluso de resolver su solicitud de asilo y sin garantizar un tratamiento individualizado".

"Se trata de un peligroso precedente para suprimir las obligaciones internacionales en materia de asilo de manera unilateral y puede alentar a otros países a hacer lo mismo", concluyó CEAR.