Estas son algunas de las conclusiones del informe de ‘Evaluación de los resultados obtenidos por el Plan de Choque para la plena implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (2021-2024)’, elaborado por la Secretaría Confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO y presentado este jueves en rueda de prensa por el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato, Carlos Bravo.

Tras puntualizar que, desde su creación, hace ya 18 años, el Sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD) presenta “graves deficiencias” y algunos “puntos críticos” que urge a “corregir”, el sindicato entiende que su “fortaleza más relevante” es que ha conseguido garantizar una prestación efectiva a más de 1,5 millones de personas en situación de dependencia, a través de dos millones de prestaciones.

Además, el informe resalta que casi el 60% de las personas atendidas lo están mediante un servicio profesional que “en la práctica totalidad de casos son de alta calidad”, aunque la intensidad que ofrecen algunos de ellos es “manifiestamente insuficiente”.

En el sector trabajan en torno a 530.000 profesionales, mayoritariamente mujeres, y registra un gasto corriente de más de 11.500 millones de euros (0,77% PIB) dedicados a financiar la totalidad de prestaciones que se reconocen, cuando la media en la UE es del 1,7%.

ELEMENTOS DE RIESGO

Por lo que respecta a los “elementos de riesgo” cuya “corrección” precisa de “una actuación conjunta” del Estado y las comunidades autónomas, entre ellos el sindicato destaca la lista de espera y los “excesivos” tiempos de respuesta que ofrecen actualmente las administraciones para garantizar el acceso al derecho; la “elevada” utilización de la prestación económica de cuidado familiar y la prestación vinculada a un servicio, pese a que están definidas como “excepcionales”; una intensidad “insuficiente” en determinados servicios profesionales, como teleasistencia y servicios de prevención, principalmente y la necesidad de “reforzar” el sistema de financiación vinculándolo a garantizar prestaciones de servicios profesionales de alta calidad.

En cuanto a la financiación, el sindicato calculó que, entre 2021 y 2023, se incrementó la financiación estatal en 3.760 millones de euros y la de las comunidades autónomas, en 997 millones de euros adicionales; de modo que en este periodo el SAAD vio aumentada su financiación en 4.757 millones de euros adicionales a los que se destinaron en el año 2020 y precisó que la aportación que hace el Estado central supone actualmente (año 2023) un 28,58% del total de gasto certificado por las comunidades, lo que implica un incremento de casi 13 puntos porcentuales en el marco del Plan de Choque.

En este punto, el sindicato denunció que se desconoce la aportación que hacen las personas beneficiarias en forma de “copago”, a su entender, “la principal limitación que se mantiene respecto del alto nivel de transparencia que ofrece el SAAD en lo relativo a su gestión”, convencido de que conocer el dato “exacto” de copago “debe ser una prioridad en el corto plazo” y de que, en todo caso, la aportación por copago “no será inferior al 20% del total de gasto certificado en el sistema”, por lo que llamó a conseguir un copago inferior al 20%, “que no provoque inequidad o inaccesibilidad a la prestación en la población más vulnerable o con rentas más bajas”.

COBERTURA Y LISTA DE ESPERA

En relación a la cobertura y la lista de espera, el informe admite que se ha producido un incremento “muy intenso” de la cobertura, dado que el número de las personas beneficiarias atendidas ha crecido un 35% y supera las 394.194 personas, pero en un “ritmo insuficiente para absorber la lista de espera”, ya que se mantiene en 246.212 personas.

Por su parte, el sindicato entiende que los tiempos de gestión de la prestación “son excesivos”, con 332 días de media, pero llegan incluso a “duplicarse en los casos más extremos”.

Por lo que se refiere a las prestaciones y la calidad de atención, el informe valora que se han “revertido” los recortes de 2012 en el servicio de ayuda a domicilio y la cuantía de las prestaciones económicas, pero se mantiene la baja intensidad de los servicios de prevención.

Además, los servicios profesionales “crecen”, pero lo hace “en mayor medida” la teleasistencia, que, para el sindicato, es “una prestación complementaria y debe evitarse como recurso exclusivo de atención”, mientras el servicio de ayuda a domicilio registra un incremento “moderado” y las nuevas intensidades “aún no han desplegado su potencial”.

EMPLEO

Por último, en cuanto al empleo, el 58% de las personas beneficiarias (882.000) están siendo atendidas mediante servicios profesionales y el crecimiento de las nuevas prestaciones reconocidas contribuyó a crear 95.243 empleos directos hasta el cuarto trimestre de 2024, lo que supone un incremento del 21,5% y, adicionalmente, se convirtieron 44.308 contratos temporales en indefinidos, según datos de COOO, que aboga por “reforzar” los servicios profesionales para garantizar la calidad de la atención y la creación de empleo y la actividad económica sostenida.

MÁS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

En este contexto, entre sus propuestas de actuación, el informe puntualiza que la financiación estatal debe ser el “equivalente” a la financiación que aporten las comunidades autónomas, de modo que ambas administraciones aporten el 50%, objetivo fijado por el gabinete de Pablo Bustinduy para la legislatura.

“La financiación pública del SAAD debe garantizar la suficiencia de las prestaciones y debe establecerse un calendario de aportaciones progresivas en el tiempo con el objetivo de alcanzar en el medio plazo el 1,5 – 2% del PIB”, abundó, al tiempo que reclamó que se garantice la “total transparencia en la gestión del SAAD” y que se publique en la estadística oficial el volumen de aportaciones que realizan las personas beneficiarias (copago), “único dato de gestión que no se publica en ninguna estadística oficial”.

En este punto, abogó por impulsar un acuerdo en el Consejo Territorial para adoptar una nueva regulación unitaria común para todos los territorios de la aportación de las personas beneficiarias en los costes del sistema (copago) y “revertir el endurecimiento que se produjo en el marco de los recortes sociales de 2012 y que continúan en vigor, básicamente, el incremento de los límites máximos de copago del 65% del coste de los servicios hasta el 90%”.

Deberían ser dos las actuaciones a financiar de forma prioritaria: o La atención completa de la lista de espera o La financiación de servicios profesionales de calidad, en base a los costes reales que éstos tienen 8. Para ser más eficaz, los criterios de reparto del nivel acordado deben establecerse en un marco temporal plurianual, con objetivos cuantificados y establecidos de forma progresiva en el tiempo de manera que todas las comunidades autónomas puedan beneficiarse.

En paralelo, recomendó “complementar” la protección que reciben las personas que están siendo atendidas con prestación económica de cuidado familiar (PECF) con prestaciones de servicio profesional de atención “suficiente”, como el Servicio de ayuda a domicilio (SAD) y el servicio de Centro de día (SCR) así como aumentar la intensidad de las prestaciones de prevención de la dependencia.

Por último, con relación a la calidad del empleo de las personas trabajadoras que prestan los servicios de atención, pidió el establecimiento de un porcentaje mínimo de jornada de trabajo para las personas que prestan servicio a tiempo parcial, lo que, para el sindicato, “resulta especialmente importante en el caso del servicio de ayuda a domicilio y en el de centro de día” así como la “revisión al alza” de las ratios de plantilla establecidos en el último acuerdo de acreditación de centros y servicios (2022), condicionada a la mejora de la financiación pública del SAAD y la “culminación” del proceso de reconocimiento de cualificación profesional e impulso de la formación continua de las personas trabajadoras y las empresas que atienden los servicios profesionales.