En noviembre de 2022, Función Pública, Ministerio capitaneado entonces por María Jesús Montero, suscribió un acuerdo con CCOO y UGT para la subida salarial de los empleados públicos de este país, en los siguientes tres años, hasta alcanzar un 9,8% de subida total.

“La última subida de un 2,5%, comprometida por el Estado en ese acuerdo, se debería haber producido en enero de 2024. La situación parlamentaria que ha llevado a una prórroga presupuestaria no puede ser impedimento, ya que desde CCOO se considera que no es óbice para no realizar la subida pactada, cuando otras subidas si se han realizado con la misma prórroga presupuestaria”, advirtió CCOO.

A su juicio, esta subida es una exigencia para el Gobierno, y un “compromiso” con los trabajadores de las administraciones y con el acuerdo firmado con los sindicatos CCOO y UGT.

“Debe buscar las fórmulas oportunas o necesarias de manera urgente para hacer efectivo el incremento salarial, entendiendo que un Real Decreto Ley inmediato sería la solución. De no ser así, CCOO tomará las medidas oportunas para que se produzca el incremento retributivo”, exigió CCO al Gobierno.