"La presidenta llegó a asegurar que no habría ni una sola decisión de su Gobierno en materia de urbanismo, infraestructuras o industria que no se supeditase a la conversación y mejora de la naturaleza", asegura CCOO en un comunicado.

Según explica el sindicato, en el caso de esta carretera, la prevalencia de la conservación de la naturaleza sobre el resto de intereses concurrentes ha quedado establecida por medio de una Declaración de Impacto Ambiental negativa, cuyas conclusiones fueron ratificadas por un posterior informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Por ello, a su juicio, la decisión adoptada por el Ejecutivo regional es "susceptible de vulnerar la normativa comunitaria de evaluación de impacto ambiental y de protección de los hábitats naturales y fauna y flora silvestres", por lo que el sindicato estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra el gabinete de Aguirre.