Moreno añadió, en una rueda de prensa que convocó hoy en Madrid, que las reacciones contrarias que ya ha generado el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana centran su atencion en sus repercusiones sobre los derechos individuales, pero advirtió que "existen derechos colectivos que pueden verse afectados".

El sindicalista explicó que el artículo 23.c de la ley fija sanciones de hasta 100 millones d pesetas por cometer faltas a las que califica de "muy graves", como puede ser la convocatoria de concentraciones y manifestaciones en la calle sin el aviso previo de diez días; el incumplimiento de servicios mínimos en sectores esenciales, y la acción de piquetes informativos.

"Con este tipo de medidas", agregó, "el Gobierno pretende dotarse de 'manga ancha' para aplicar su espíritu represivo en derechos constitucionales como el de huelga y el de manifestación. Por ello, los sindicatos debemos intentr que la ley se devuelva".

Añadió que la normativa "es regresiva", y opinó que "la idea de la 'patada a la puerta' sólo pretende aprovecharse del consenso que hay en la lucha contra la droga".

"Yo, como ciudadano", recalcó eldirigente sindical, "me conformaría con que actuaran con autorización judicial en los sitios donde se sabe que hay tráfico de droga".

Dijo también que "llama la atención que un Gobierno teóricamente progresista se dedique a hacer prosperar las tendencias más conservadora que hay en España".

A su juicio, "el caso del PSOE y su Gobierno es paradigmático, como lo demuestra su evolución del progresismo al conservadurismo en criterios de política económica e internacional, cuyos ejemplos más patentes están en el ingreso de España en la OTAN y en la actitud mantenida durante el conflicto en el Golfo".