El PP pretende reguar el sector público empresarial, cuando llegue al poder, a través de dos leyes: la de Privatizaciones (prácticamente ultimada), que recogerá los procedimientos por los que deben venderse las empresas públicas, y la Ley de Bases, que resume la filosofía de la empresa pública, según el PP.

En el texto sobre privatizaciones el PP se ha visto apoyado por el informe realizado por un equipo contratado al efecto, y dirigido por el actual presidente de la Bolsa de Madrid, Manuel Pizarro. En la Ley de Bases, a asesoría externa corre a cargo del Despacho Garrigues.

Más desconocida que la anterior, la Ley de Bases plantea dos novedades que tratan de otorgar mayor transparencia al sector público empresarial. Por una parte, la disposición de que todo nombramiento de altos cargos en una empresa pública, sea consejero o ejecutivo, deba ser, no aprobado, pero sí oído, por la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados.

El texto no exige autorización, dado que es el Gobierno quien posee las acciones e las empresas públicas, pero sí pretende instaurar un principio de transparencia por el que el ministro del ramo se vea obligado a justificar sus nombramientos ante la Cámara y explicar a los diputados los méritos de los elegidos.

Por otra parte, la proposición de Ley de Bases recogerá también el derecho de los diputados a solicitar de las empresas la misma información que tiene derecho a solicitar un accionista en una empresa privada.

Por lo que respecta a la Ley de Privatizaciones, el PP se raifica en sus principios básicos: privatización por procedimiento de concurso, preferencia a los postores nacionales, dentro de los límites de la Unión Europea, y dedicar los ingresos a la reducción de la deuda pública.

En este respecto, el portavoz popular recordó que "está demostrado, y así lo asegura el Banco de España, que el incremento de los ingresos del Estado no repercute en un descenso del déficit o repercute de forma mínima. De ahí nuestro empeño en que el dinero obtenido por las privatizacions vaya a la reducción de la deuda".

Por lo que respecta a la prelación de los inversores nacionales, y sobre todo para empresas de tamaño pequeño y mediano, Gámir defiende que "pueden contemplarse fórmulas de apalancamiento financiero, en los casos en que un equipo de ejecutivos quiera hacerse con la empresa que se va a privatizar".

Respecto a los llamados núcleos duros, como el formado en Telefónica por Argentaria, BBV y Caixa, Gámir manifestó "que no tengo nada que oponer, pero hubiese preferio que ese núcleo duro, como cualquier otro, se hubiese formado a través de algún tipo de concurso -no hablo de subasta- que introdujera una mayor competencia. Y conste que probablemente la combinación ganadora hubiese sido esa, que nada tengo contra ese núcleo duro, pero prefiere el concurso a la adjudicación directa por principio".

Por último, Gámir acepta que un gobierno no debe hacer pública una lista de empresas privatizables, pero "lo que sí debe tener es una filosofía a la hora de privatizar y u modelo de empresa pública".

En esa línea, calificó de "sorprendente" el anuncio de Eguiagaray de que va a hacerse público el Libro Blanco de la Industria: "Un libro Blanco se publica a principios, máximo mediados, de legislatura; no ahora. Ojalá se hubiese publicado antes, porque lo cierto es que la única filosofía del PSOE en la materia ha consistido en ir vendiendo para tapar agujeros".