En declaraciones a los medios de comunicación después de la conferencia sectorial para la mejora regulatoria y el clima de negocios mantenida con las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Calviño fue preguntada por el nuevo impuesto temporal al sector bancario con el que el Gobierno pretende recaudar 1.500 millones de euros.

Calviño detalló que este viernes mantendrá una reunión con las patronales bancarias, las principales entidades y también con el Banco de España. No dio detalles sobre el nuevo impuesto y señaló que se está haciendo “un trabajo serio y responsable para articular de la mejor forma posible esta nueva contribución por parte del sector financiero a cubrir el impacto de la guerra”.

Reafirmó la intención del Ejecutivo de tomar medidas para evitar que el impuesto repercuta a los ciudadanos señalando la “amplia experiencia” del Ministerio de Hacienda para ello y enfatizó el mensaje de que le consta que “las entidades financieras de nuestro país tienen un fuerte compromiso público desde el punto de vista de la responsabilidad social", que "están interesadas en que en este momento arrimen el hombro” y por ello “no tiene sentido que haya un planteamiento en el que esta medida se vea repercutida sobre los clientes y los ciudadanos en un término que pueda perjudicar los intereses generales”.

Por otra parte, sobre la reunión sectorial, que continúa con un almuerzo, Calviño expuso la visión “positiva” compartida sobre el crecimiento económico, la evolución del empleo y la inversión en los territorios y la “conveniencia de llegar a ese pacto de rentas” para evitar efectos de segunda ronda de la inflación.

Sobre la marcha del plan de recuperación, afirmó que “ya se está alcanzando esta velocidad de crucero” prevista y que se espera “en los próximos días” el segundo pago de 12.000 millones de euros de los fondos europeos para financiar el plan tras el cumplimiento de una serie de objetivos.

Calviño indicó que hasta el 7 de julio, la Administración General del Estado ha autorizado inversiones equivalentes al 53% del crédito presupuestado y las obligaciones de pagos reconocidas rondan el 23% del total. El ritmo mensual de convocatorias supera los 2.000 millones de euros, teniendo en cuenta a todas las administraciones, y ya se han transferido 16.000 millones a las comunidades autónomas. “Estamos viendo una clara aceleración del despliegue de las inversiones”, destacó la vicepresidenta a la luz de los datos expuestos.

Respecto a la adenda al plan de recuperación que prepara el Gobierno para canalizar casi 85.000 millones en créditos correspondientes a España y los 7.700 millones de transferencias adicionales, explicó que se va a lanzar un fondo con las comunidades para movilizar parte de esos recursos y entre hoy y mañana solicitará por carta a los presidentes autonómicos sus propuestas para la adenda, que se pretende presentar a la Comisión Europea en la segunda mitad del año.

En la reunión se aprobó un catálogo de buenas prácticas regulatorias y de clima de negocios y se creará un grupo de trabajo de mejora regulatoria.