Según informó la Policía, en el marco de esta operación han sido detenidas nueve personas en Valencia, Alicante, Benidorm, Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca.

Los arrestados están acusados de haber defraudado más de ocho millones de euros y se ha identificado una docena de damnificados. Se han practicado seis registros, en los que se han intervenido más de 25 vehículos de lujo, dinero en efectivo, valiosos artículos de joyería y otros efectos de alto valor.

Las investigaciones se iniciaron en 2020 a raíz de una denuncia interpuesta en Palma de Mallorca por un empresario que había contactado con la banda desarticulada con el objetivo de obtener un préstamo de varios millones de euros para llevar a cabo un proyecto empresarial. La red se ofreció a canalizar esta operación con un supuesto prestamista, para lo que exigía pagos adelantados a modo de caución que el denunciante fue satisfaciendo de forma periódica.

DETALLES CUIDADOS

Cuando la víctima entregó las cantidades, los integrantes de la organización comenzaron a dilatar la operación alegando diversas excusas. Al no obtener resultados y al observar diversas irregularidades, decidió cancelar la operación. Tras la rescisión del contrato, la víctima solicitó reiteradamente las cuantías abonadas, pero nunca le fueron reintegradas.

Con el avance de las pesquisas policiales surgieron nuevos damnificados que habrían sido estafados mediante el mismo 'modus operandi' y por las mismas personas que integraban el aparato logístico de la organización criminal.

El grupo investigado era contactado por los denunciantes, quienes habrían recibido referencias de conocidos que tenían una operación en marcha de este tipo o tenían información de que se dedicaban a la materialización de estas operaciones financieras. La organización se valía de captadores que conseguían convencer a las víctimas aportando cercanía y confianza.

Los contratos de préstamo se firmaban en Madrid, en un conocido edificio de oficinas al que acudían los miembros de la organización y que proporcionaba un plus de confianza a los denunciantes. Las víctimas abonaban las cantidades que le eran solicitadas por adelantado y en virtud de diferentes conceptos, como la solicitud de un supuesto seguro de caución o la emisión de una garantía por parte de una sociedad o persona que garantizaba el préstamo y servía a modo de aval.