Así lo aseveró en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia y en la que admitió que, en torno a esta cuestión, en el seno del Gobierno de coalición hay “una divergencia que es pública y notoria” y que se ha producido “un gran debate público al respecto”.

En este sentido, quiso “distinguir la parte que tiene que ver con los dimes y diretes y quién lo sabía y quién no lo sabía y si están de acuerdo o no están de acuerdo con el fondo”, consciente de que, “a veces, separar la forma y el fondo es complicado en política”, si bien, en este ámbito, “el fondo es importante”.

“Es una conversación sobre la política fiscal y sobre la arquitectura fiscal de este país y sobre quién recae el peso de la tributación en un momento en el que el 1% de los contribuyentes más ricos en este país paga menos proporcionalmente que el 20% de contribuyentes más pobres y el año pasado se repartieron 40.000 millones de euros en dividendos en España”, abundó, al tiempo que puntualizó que el impuesto de sociedades “ha visto sistemáticamente en la última década reducir su peso relativo y aumentarlo el del IRPF” y agregó que en el país “hay 30 personas que tienen más de 1.000 millones de euros cada uno”.

En este contexto, advirtió de que “hay una conversación sobre política fiscal en este país que es necesaria y es importante”, convencido de que “ese es el fondo, más allá de la escenificación de esta semana y quién lo sabía y quién no lo sabía y qué va a pasar”.

RUIDO Y DIVERGENCIA

“Hay una diferencia evidente entre el ruido y el conflicto o la divergencia, que reside en los resultados, en qué se es capaz de conseguir. Si una divergencia pública se reconduce de manera productiva hacia un consenso y un acuerdo, esa diferencia es positiva y, si se queda sencillamente en la escenificación de una confrontación, ni digo ya de insultos o demás, eso es ruido”, afirmó.

Tras defender que ese “debate es positivo”, Bustinduy insistió en que la posición de Sumar “no ha cambiado, es pública y notoria”. “Creemos que el debate sobre la reforma fiscal y sobre la justicia fiscal en España debería empezar por arriba, no por abajo, no por los trabajadores que menos cobran”, añadió, al tiempo que incidió en que la “divergencia pública” en el seno del Gobierno en este ámbito es algo “normal”, convencido de que “hay tiempo de sobra para poder reconducirlo de una manera que sea satisfactoria”.

A este respecto, reivindicó la “gran transformación en la estructura salarial” que se ha producido en los últimos años en España, debido, “entre otras cosas”, a que el salario mínimo “ha aumentado un 61% en los últimos años”, algo que, a su juicio, “evidentemente, afecta a cómo funciona la estructura de impuestos en España”.

“Creo que eso es lo que lo que hay detrás de este debate y de esta conversación”, apostilló, para, a continuación, reiterar que la “adecuación que hay que hacer del sistema de impuestos no pasa por gravar, precisamente, a los trabajadores más desprotegidos” y que la “solución a esa transformación que se ha dado de la estructura salarial de España no debe hacer que sean ellos quienes paguen más impuestos”.

RADIOGRAFÍA GENERAL

En la misma línea, urgió a hacer “una radiografía general” sobre la carga impositiva en España, “incluyendo”, por ejemplo, el hecho de que las grandes multinacionales “pagan un tipo menor que el de una PYME, porque tienen los recursos para buscar los vericuetos para no asumir la carga fiscal que les corresponde”.

A su vez, recordó que “hay muchas comunidades autónomas” que están “reduciendo” el impuesto de sucesiones o el de patrimonio e hizo hincapié en que “la conversación sobre quién paga impuestos en España y para qué sirven, es positiva, más allá de las formas en las que se haya dado esta semana.

“Y creo que hay que tenerla con una perspectiva amplia y de conjunto y que el objetivo es cumplir la Constitución, un sistema progresivo que haga que quien más tenga más contribuya”, resolvió.