Así lo ha trasladado en una carta firmada por la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, y enviada al embajador-representante permanente de España ante la UE, Marcos Alonso.

En la misiva, hecha pública este viernes y la que tuvo acceso Servimedia, Fink-Hooijer muestra su "honda preocupación" por las "posibles repercusiones" de esa regulación de agricultores ilegales para que España haga una "correcta aplicación" de las directivas Marco del Agua y sobre los Hábitats ante la proliferación de cultivos intensivos de regadío y el progresivo deterioro de varios hábitats protegidos que vienen ocurriendo desde hace décadas en Doñana.

"La regularización prevista podría aumentar los actuales niveles de extracción de agua subterránea para irrigación, que ya han ocasionado un descenso considerable de los niveles piezométricos en ciertos sectores específicos de las masas de agua subterráneas de Doñana y su entorno. Debe tenerse en cuenta, además, el riesgo de que una nueva regularización de áreas de regadío tenga un efecto llamada que genere mayores impactos adversos sobre el estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas", apunta Fink-Hooijer.

El Tribunal de Justicia de la UE sentenció el pasado mes de junio que España ha incumplido la Directiva Marco del Agua en dos aspectos relativos a las extracciones de agua subterránea para cultivos de frutos rojos en Doñana: no ha tenido en cuenta las obtenidas de forma ilegal y las destinadas al abastecimiento urbano, y no ha adoptado medidas para evitar las alteraciones de hábitats protegidos provocadas por esa obtención ilegal del agua.

Fink-Hooijer considera "cuando menos desconcertante" que en España se esté "contemplando" medidas que agravarían esta situación y pondrían "en grave riesgo" el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Por ello, advierte de que la Comisión Europea está dispuesta a utilizar "sin dilación alguna" cuantos instrumentos tiene a su disposición para garantizar el cumplimiento de esa sentencia y, más específicamente, "podría decidir acudir al Tribunal de Justicia una segunda vez, lo que acarrearía la solicitud de imposición de sanciones pecuniarias".

“HARTA DE ENGAÑOS”

A raíz de esta carta, WWF apuntó este viernes que estudia solicitar a la Comisión Europea un examen de los fondos europeos aplicados en los últimos años en la comarca de Doñana y Huelva para garantizar que no han sido aplicados en explotaciones sin garantías de uso legal del suelo y del agua.

“La Comisión Europea está harta de engaños con Doñana y nos ha dado la razón y ha transmitido un mensaje muy claro y contundente como en pocas ocasiones anteriores: la propuesta de ley del PP que preside Juan Manuel Moreno Bonilla supone una auténtica burla a las autoridades europeas y a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, lo que podría suponer fuertes sanciones económicas que repercutirán en todos los ciudadanos andaluces y podrían tener consecuencias en la llegada de los fondos europeos a España y a Andalucía”, recalcó Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.

Del Olmo consideró "injustificable que por razones estrictamente electorales se ponga a Doñana en grave peligro y se ponga el prestigio de España y Andalucía en entredicho". "La Junta de Andalucía debe retirar de inmediato esta propuesta de ley y ponerse a trabajar en el conjunto de medias necesarios para cerrar las explotaciones ilegales y recuperar el acuífero”, concluyó.