Se trata del Decreto-Ley 2/2025, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias, que el Congreso de los Diputados convalidó el jueves por 179 votos a favor, 170 en contra y una abstención. Vox y PP fueron las únicas formaciones que se opusieron a la norma.

Junts, que en julio de 2023 votó junto a ellos la inadmisión de otra proposición de Ley para la distribución Extraordinaria de 4.400 menores desde Canarias y Ceuta, en esta ocasión se unió a la mayoría de investidura y respaldó la convalidación tras la exigencia de Carles Puigdemont de que Cataluña recibirá menos inmigrantes que el resto de las regiones.

Los primeros en ser trasladados serán unos 4.000 menores acogidos ahora en canarias y otros 400 que atienden los servicios sociales de Ceuta. Sin embargo, la vocación de esta norma “es ofrecer una respuesta estructural y definitiva” a las llegadas de menores migrantes a “territorios frontera” y “dimensionar” el sistema de acogida a nivel nacional.

Así lo explicó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la defensa de esta iniciativa ante el pleno del congreso. Por ello, en el decreto se establecen una serie de criterios objetivos para calcular cuántos menores debe recibir cada comunidad autónoma.

El mayor peso corresponde a la población (50%), y a continuación figuran parámetros como la renta per cápita de cada territorio, su nivel de paro y la diferencia entre las plazas disponibles y el número ideal que cada sistema debería tener (según un cálculo del Ministerio de Juventud e Infancia). Estos suponen un 13%, respectivamente.

Un 6% del reparto dependerá del número de menores acogidos en cada comunidad en los últimos 6 meses (a mayor esfuerzo, menos menores se trasladarán) y otro 2% irá en función de la dispersión demográfica. La norma señala que el resto deberán viajar a territorios “no insulares” y que “no sean frontera”.

Asimismo, el decreto ley establece cómo determinar la capacidad ordinaria de cada sistema de protección autonómico. Primero se divide la población de España entre el total de menores migrantes no acompañados que acoge, y después, el número de habitantes de cada comunidad será dividido entre dicho cociente. De ahí se obtendrá el número ideal de plazas que cada sistema debería ofrecer.

Para calcular todos estos datos, el Gobierno pidió a las comunidades información actualizada sobre las plazas disponibles y el número de menores que atienden. La mayoría proporcionaron esta información, pero algunas, como Aragón, no han facilitado ningún dato, y otras, como Madrid y Extremadura, fueron muy poco precisas.

El 28 de abril se celebrará una conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que el ministerio del ramo presentará una propuesta concreta de reparto.