El portavoz de la Francisco de Vitoria, Joaquín González Caso, declaró a Servimedia que, aunque no hay nada que reprochar al CGPJ, pues la decisión que ha adoptado es cautelar y cuando decida definitivamente puede acordar que no se suspenda la sala, "no está claro" que el presidente del Tribunal de Justicia del País Vasco haya incumplidoningún precepto legal al nombrar los tres jueces que resolverán el empate.

Argumentó que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que esta Sala de Discordia la compongan miembros del mismo tribunal, o del mismo orden jurisdiccional. Si no es posible, se recurriría a magistrados de lo contencioso y de lo social, pero la ley no dice "qué criterio ha de seguirse".

"La Ley Orgánica del Poder Judicial no fija ningún orden de llamamiento dentro de la sala, en principio no hay ningún criterio", y entodo caso, el único ejemplo que se podría tener es el de anteriores decisiones del mismo tribunal para conformar otras salas de discordia, aunque estos casos se dan en "contadísimas ocasiones".

Por este motivo, considera que no tienen base las denuncias que se han publicado en el sentido de que el presidente "se saltó" a 18 jueces que tenían preferencia, o que debía haber designado a los más modernos en el tribunal, lo que supone realizar una "interpretación temeraria de la ley".

"PRESION INTOLERABL"

En el mismo sentido se pronunció el portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Carmona, quien opinó que "cuando un órgano judicial está en fase decisoria, hay que dejarle actuar con serenidad. Cuando empezamos a cuestionar hasta su composición, no sólo le estamos sometiendo a una presión intolerable, sino que luego cualquier decisión que adopte va a tener quiebras de credibilidad".

"Una cosa es que las decisiones judiciales sean criticables, como las de cualquier poder del Estado, y otra queno se deje a los tribunales un respiro para que las adopte", agregó, para denunciar que "desde hace tiempo, se está sometiendo a los tribunales a un escrutinio y a una presión absolutamente indebida".

En cuanto al cumplimiento o no de los criterios legales para nombrar a los magistrados que componen la Sala de Discordia, indicó que "en todos los tribunales hay un turno, y lo que es imposible saber a priori es si este turno ha sido respetado o no".

Añadió que, si bien es cierto que deben ser los jeces más modernos, éstos no pueden repetir en la conformación de una sala de estas características, por lo que en cada ocasión se irá pasando al magistrado inmediatamente posterior. Insistió en que el debate está "viciado", porque no se ha comprobado si realmente les tocaba intervenir a los tres miembros del tribunal designados por Manuel María Zorrilla.

INFRACCION CLARA

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Manuel Suárez, se mostró de acuerdo con la decisión del CGJ, que "es una decisión provisional, porque se ha acordado una suspensión cautelar, pero en principio parece que no se respetaron los criterios legales de designación de magistrados".

Explicó que estos criterios son que los tres magistrados adicionales para componer la llamada Sala de Discordia deben ser del mismo "orden jurisdiccional, que sería en este caso el Penal, y ninguno de ellos pertenecían a él", y en segundo lugar, deben ser los más modernos con destino a este tribunal, algo que sólo cumpleuna de los magistrados, mientras que los otros dos eran, al contrario, "los más antiguos".

Con todo ello, concluyó que, "en principio, parece que la infracción está clara, y que el Consejo General del Poder Judicial se ha limitado a cumplir la ley y a ser el garante de la legalidad, le guste a algunos o no le guste, porque una cuestión es que no gusten las normas y otra cosa que no deban aplicarse, porque vivimos en un Estado democrático y el pueblo español es el que las ha aprobado".