González Caso recalcó, en declaraciones a Servimedia, que la desobediencia de una resolución judicial "podría sr en algunos supuestos una conducta recogida en nuestro Código Penal" y castigada con una multa e inhabilitación especial para cargo público de entre seis meses y dos años.

Agregó que el argumento utilizado por los miembros de la Mesa que aplazaron la disolución de Sozialista Abertzaleak, basado en que existe división de poderes y que no debe darse una intromisión del poder judicial en el legislativo autonómico, es "completamente falaz".

"La división de poderes consiste precisamente en el contrapso de poderes, que todos se controlan entre sí", prosiguió. "Igual que el legislador hace las leyes, y esas leyes controlan al poder judicial, éste dicta las sentencias y éstas pueden controlar a alguno de los otros poderes, el legislativo o el ejecutivo".

Por ello, recalcó que es "simple y llanamente una desobediencia a una resolución judicial por parte de autoridades o funcionario público", que está recogida como un delito en el Código Penal, por lo que "los miembros de la Mesa del Parlamento vasco ue han votado en contra de la disolución del grupo podrían estar incurriendo en una conducta delictiva".

"Habría que ver los términos de la resolución del Tribunal Supremo", advirtió, pero si se estima que existe desobediencia, este delito está tipificado en el artículo 410 del Código Penal y se castiga con una multa e inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un tiempo de entre seis meses y dos años.