Tras reunirse todo el fin de semana con los presidentes autonómicos del PP en Colunga, Feijóo presentó en Oviedo la ‘Declaración de Asturias’ y confirmó que sus barones se han comprometido a presentar en los parlamentos regionales todas las leyes que permitan “garantizar” la creación de este mercado. El PP replicará esta estrategia en las comunidades en las que no gobierna para intentar que todo el territorio se beneficie de esta medida y no solo el 70% de la población.

La ‘Declaración de Asturias’ defiende que “consolidar un mercado abierto es uno de los principales desafíos pendientes” de la economía española, y señala que tendría una afectación positiva sobre el crecimiento empresarial, las inversiones, el empleo y la innovación.

Para lograrlo, todos los presidentes autonómicos se comprometen a aprobar una ley autonómica que recupere los artículos 19 y 20 de la ley de garantía de la unidad de mercado. Estos epígrafes fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en el año 2017, que se pronunció a raíz de un recurso del Parlamento de Cataluña y sentenció que suponían “una quiebra del principio de territorialidad”. Ahora, el PP quiere recuperarlos con la mayor celeridad posible y, según el documento de 14 páginas, cada comunidad deberá iniciar la tramitación de la ley antes de junio.

Según expuso Feijóo, esta medida permitirá que todas las certificaciones o habilitaciones expedidas por una comunidad tengan “validez” en el resto para ahorrar la duplicidad de estas gestiones. “Parece algo de sentido común, ¿verdad?”, señaló el presidente del PP, que se mostró “muy orgulloso” del acuerdo de los barones del PP. “Esperemos que los pocos presidentes que no sean del Partido Popular se sumen a la propuesta y hagamos un mercado abierto en un país de 48 millones de ciudadanos, que es un país mediano dentro de la población de otros grandes países del mundo”, señaló.

MENOS BUCOCRACIA Y ACELERACIÓN DE PROYECTOS

Los barones también pactaron crear una comisión entre comunidades autónomas para “fijar objetivos comunes, compartir las mejores propuestas de simplificación administrativa y avanzar en nuevas líneas de actuación”. La presidencia de la misma será asumida de manera rotatoria por alguna comunidad y se renovará cada año, y la primera reunión tendrá lugar en marzo. Los populares consideran que la reducción de burocracia “fomenta la actividad económica y fortalece el marco de seguridad jurídica”, y quieren que esta herramienta “permita avanzar hacia una gestión más ágil, eficiente y orientada a las necesidades de los ciudadanos y las empresas”.

Por último, los 11 presidentes autonómicos del PP, así como el vicepresidente de Canarias y los presidentes de Ceuta y Melilla, acordaron desarrollar “mecanismos formales para la aceleración de proyectos” empresariales para antes del 30 de junio.

Feijóo celebró “el sentido de Estado” de los dirigentes autonómicos del PP con estos acuerdos y contrapuso esta cumbre de barones con la Conferencia de Presidentes de Santander de hace un mes. “Aquello fue una sucesión de monólogos y un conjunto vacío de resultados, no había documentación”, afeó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En cambio, destacó que en este ‘encierro’ en Colunga ha habido una preparación previa que empezó “hace más de seis meses” con un intercambio de documentación constante entre la dirección nacional del PP y los gobiernos autonómicos. Y subrayó que ningún presidente se ha movido “por conveniencias personales” y “han hablado por supuesto sin límite de tiempo”, a diferencia de lo que ocurrió en Santander, donde solo tuvieron 10 minutos para exponer su visión.