En un comunicado difundido hoy, Greenpeace añade que es sorprendente que la juez del caso ni tan siquiera encuentre indicios de responsabilidad penal después de que el vertido contamino gravemente el ecosistema del parque de Doñana y puso en peligro la agricultura y la pesca de la zona.

Los ecologistas recuerdan ue el auto dictado por la jueza instructora se produce a pesar de que el informe pericial realizado por la Universidad Politécnica de Cataluña concluye que "la balsa se rompió por haber sido construida de acuerdo con lo previsto en dos proyectos que no incorporaban la consideración de dos factores claves en la génesis de la estabilidad. El primero, la fragilidad de las arcillas y, por tanto, el riesgo de desencadenar un fenómeno de rotura progresiva. El segundo, las altas presiónes del agua en el cimiento rcilloso".

Greenpeace exige a la empresa Boliden Apirsa, a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Medio Ambiente que asuman su responabilidad en lo que fue "una de las mayores catástrofes medioambientales y económicas que se recuerdan, cuyas secuelas tardarán años en desaparecer", según Pablo Mascareñas, responsable de la campaña de Tóxicos de la organización.