Según las autoridades municipales, las asociaciones de vecinos y comerciantes de este enclave histórico madrileño se han dirigido en varias ocasiones al ayuntamiento para solicitar este tipo de vigilancia, debido a los problemas de inseguridad que se registran en la zona.

La Ley Orgánica 4/1977 que regula la utilización de videocámaras en lugares públicos señala, en su artículo 1, que el objetivo de la instalación de estos sistemas es "contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como prevenir la comisión de delitos y faltas e infracciones relacionadas con la seguridad pública".

"Creemos que la Plaza Mayor cumple los requisitos previstos en la ley que regula la instalación de videocámaras", declaró el concejal de Seguridad, Pedro Calvo. "Se dan las circunstancias de carteristas, tironeros, descuideros y manteros con objetos falsificados, que provocan una degradación de la plaza, que es un bien nacional de interés cultural, y que hacen necesaria este tipo de vigilancia".

La solicitud deberá ser aprobada ahora por la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, que preside el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en la que figuran como vocales el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, un representante de la Abogacía General del Estado, un representante de la Federación Madrileña de Municipios y el secretario general de la Delegación del Gobierno.

En el caso de que la comisión apruebe la solicitud, será la Delegación del Gobierno la encargada de autorizar al ayuntamiento la instalación de videocámaras.

Calvo recordó que ya existen videocámaras de vigilancia en el Museo del Aire Libre del Paseo de la Castellana, a la altura del metro de Rubén Darío, con el fin de combatir el vandalismo.