Según informó el Consistorio, una vez acordada esta medida, las cuentas partirán de un crédito inicial aproximado de 5.540 millones de euros, 162 millones menos que lo proyectado para este año, que, además, se verá ajustado a la baja por servicios o programas que ya hayan finalizado.

Esta será una de las principales consecuencias de no aprobar el presupuesto para el próximo año y tener que prorrogar el vigente, tal y como se refleja en el informe presentado por la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, en la Junta de Gobierno celebrada este jueves.

El informe recoge que al crédito inicialmente prorrogado habrá que descontar importantes inversiones que finalizan en 2022 y que, por tanto, ya no se incluirán en el crédito global como, por ejemplo, los 24,9 millones para la finalización de las obras de ejecución del Nudo Norte; 3,6 millones del Centro Cultural Bellavista, o los 3,5 millones del Centro de Mayores de la Calle Panamá, entre otras muchas obras.

CONSECUENCIAS DE LA PRÓRROGA

Asimismo, el próximo año habrá que ejecutar una parte importante de gastos que ya están comprometidos, entre otros, los 159 millones de euros del capítulo 1 de gastos de personal, donde se incluye la subida salarial de los empleados públicos, la incorporación de nuevos efectivos y los convenios colectivos para mejorar las condiciones del personal o los 253 millones del servicio de recogida de residuos. Unos gastos, que comprometen y condicionan las posibles nuevas inversiones.

Una de las consecuencias que más se dejará sentir en los bolsillos de los madrileños de prorrogarse el presupuesto será la no bajada del tipo general del IBI al mínimo legal del 0,4 %, medida que beneficiaría a 2,2 millones de recibos y que supondría un ahorro de más de 121 millones de euros.

Además, tampoco se podrán prorrogar las bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas por inicio de actividad y generación de empleo, entre otras medidas contempladas en el proyecto de ordenanzas fiscales.

El Ayuntamiento destacó que la prórroga presupuestaria supondrá que decaigan subvenciones muy importantes a nivel social, lo que implicará dejar de atender a unos 35.000 niños y a otras 17.000 personas en riesgo de exclusión. Al mismo tiempo, se verá comprometida la extensión de BiciMAD a los 21 distritos de la ciudad.