La Comunidad de Madrid aprobó una modificación en su legislación el pasado mes de junio con el objetivo de liberar 1,8 millones de metros cuadrados de locales para convertirlos en 20.000 nuevas viviendas en todo el territorio regional. El texto autoriza el cambio de uso de suelo calificado como terciario, destinado a oficinas, a uno residencial, para la implantación de viviendas de alquiler sujetas a alguna protección pública (VPP). Tras su aprobación, se abrió un plazo de cuatro meses a los ayuntamientos para decidir su aplicación.

En ese momento, según denunció el concejal socialista Antonio Giraldo en el anterior Pleno, técnicos del Área de Urbanismo "alegaron al 93% del articulado de esa ley" con el argumento de que los ámbitos de oficinas "solo representan el 0.78% del municipio de Madrid" y están "en extrarradios, en polígonos y en lugares que no están preparados para recibir vivienda", lo que podría generar "espacios infradotados" e "infracomunicados" que podrían llegar "a la exclusión social". En ese sentido el estudio del Ayuntamiento excluye los ámbitos de uso industrial, al considerar que "no son adecuados para el desarrollo de viviendas".

En cualquier caso, el estudio revela cuáles son los ámbitos de la ciudad en los que, por la calificación de suelo, sería potencialmente aplicable la ley regional, teniendo en cuenta también las parcelas con calificación expresa de uso terciario de oficinas, bien sea exclusivo o en concurrencia con otros usos cualificados. Además de esto el análisis tiene en cuenta "el estado de la urbanización de los ámbitos y el grado de construcción de las parcelas para su posible transformación viable".

Con todo esto, se estima que en una primera fase podrían edificarse aproximadamente 7.464 viviendas que se repartirían por distritos así: Arganzuela 196, Retiro 130, San Blas 121, Moncloa-Aravaca 36, Hortaleza 3.725, Villaverde 90, Villa de Vallecas 1.032, Vicálvaro 2.092, y Barajas 42.