A esta propuesta se ha sumado también el Ayuntamiento de Anchuras (Ciudad Real), que aprobó el pasado 16 de diciembre la inciativa.

Esta es la primera vez que se lleva a la práctica la Ley 2/85 de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que establece que cualquier texto de ley que sea apoyado por al menos seis municipios de la comunidad con un censo de 20.000 electores debe ser discutido en las Cortes regionales.

Dicha ley establece que sólo es apicable este procedimiento a aquellas materias que son competencia plena de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y la declaración de protección de espacios naturales está comprendida entre ellas.

Raúl Muñoz Checa, alcalde de Cañizares, considera que "este tipo de cauces de participación contribuyen a vivificar la vida política de la región acercando a los ciudadanos a las tareas de regulación".

La zona a proteger tiene una extensión de 40.000 hectáreas, está situada en el norte de la proincia de Toledo, limitando con Avila y Madrid, y es representativa de diferentes ecosistemas, según los grupos ecologistas.

Con esta propuesta, la CAZC, Greenpeace y Aedenat pretenden obstaculizar la construcción de un cementerio nuclear para residuos de alta actividad en la finca "El Berrocal", que, aseguran, es el objetivo último de las investigaciones que la Empresa Nacional de Residuos Radicativos (Enresa) y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) realiza en la zona. Este proyecto ha sido negado en reiteradas ocasiones por Enresa.