Para la AVT, "la criminalidad organizada, poseedora de importantísimos medios económicos y técnicos, sólo puede ser juzgada debidamente por una justicia altamente especializada, cual es la Audiencia Nacional".

Asimismo, sostiene que el juez de un lugar, y sobre todo en del País Vasco, "está fuertemente condicionado ante el hecho terrorista, al margen de carecer de los instrumentos necesarios para oponerse a esta criminalidad organizada". "La Audiencia Nacional es necesaria y, lejos de sr suprimida, debe ser dotada de más medios y jueces para enfrentarse eficazmente al terrorismo".

La asociación esgrime como argumentos dos casos. El primero se refiere al del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián, Justo Rodríguez, quien ha sido amenazado en pasquines y tachado de "perro, antivasco y colaboracionista".

Recuerda que este juez ha tenido que instruir, entre otras causas, una denuncia de torturas contra la Guardia Civil en Usúrbil; la querella interpuesta por lafamilia de Rosa Zarra, fallecida tras recibir un pelotazo de goma de la 'Ertzaintza'; una denuncia de un dirigente de HB contra un militar, así como las denuncias presentadas por el Departamento de Interior del Gobierno vasco contra los cabecillas de HB por convocar contramanifestaciones a las concentraciones de Alditrans.

El segundo argumento que emplea la AVT se remonta al 23 de agosto de 1993, cuando fue detenido el abogado de Gestoras Pro-Amnistía José María Matanzas Gorostizaga, por pegar cartele en una marquesina de autobús para conmemorar la muerte de unos etarras en enfrentamiento con las Fuerzas de Seguridad del Estado.

EL PUEBLO NO PERDONA

La AVT recuerda que en dichos carteles aparecían los escudos de la Guardia Civil y de la Policía Autónoma Vasca y se podía leer: "Les dieron muerte impunemente. El pueblo no perdona".

Según la AVT, el juez encargado del caso, Alfredo del Cura Alvarez, "no se atrevió a aplicar la ley correctamente, y en lugar de juzgarles por el grave contenido d los carteles (...), los condenó a una multa por ensuciar la marquesina", cargo del que fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Bilbao, ya que los carteles no estropeaban ni ensuciaban el lugar elegido.

El comunicado asegura que la asociación denunció la conducta de este juez por si fuera constitutiva de delito o de falta disciplinaria.