Estas palabras de Rodríguez Gil entran en contradicción con la información recogida por el coronel auditor Ricardo Fortún en el informe que elaboró sobre la catátrofe aérea a petición del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y en el que aseguró que el Yak-42 contaba con el permiso de Aviación Civil.

Fuentes jurídicas señalaron que, durante su declaración ante el juez, Rodríguez Gil explicó que Aviación Civil nunca emite certificados de aeronavegabilidad para vuelos no comerciales realizados con aviones extranjeros, como fue el caso del Yak-42.

Al no contar con un certificado de aeronavegabilidad español, el aparato no se sometía a las inspecciones periódicas y aleatorias que realiza Aviación Civil. Rodríguez Gil apuntó que probablemente el Yak-42 contase con un permiso ucraniano -ya que el aparato estaba registrado en ese país- y que fuese allí donde pasase las correspondientes inspecciones técnicas.

Rodríguez Gil es una de las seis personas que declararon esta mañana ante el juez Grande-Marlaska en el marco de la investigación que el magistrado está llevando a cabo para determinar las posibles responsabilidades en la contratación del Yak-42.

CADENA DE SUBCONTRATACIONES

Otra de las personas que comparecieron hoy ante Grande- Marlaska fue el propio coronel Fortún, quien explicó que el ministro Trillo le convocó el 30 de mayo de 2003, cuatro días después del accidente, para ordenarle la realización de una investigación sobre la catátrofe aérea.

El testigo destacó que Trillo le especificó que sobre las identificaciones de los cadáveres de las víctimas no había que realizar ningun informe.

Fuentes jurídicas indicaron que durante su comparecencia ante Grande-Marlaska, Fortún explicó que conocía la existencia de subcontrataciones pero que para la realización de su informe no tuvo acceso al contrato subscrito con Namsa, la agencia de la OTAN a través de la cual el Ministerio de Defensa alquiló el Yak-42.

De hecho, dijo que no tuvo acceso a ninguno de los contratos de los 43 vuelos anteriores que el Ministerio de Defensa había subcontratado a través de Namsa -y que esta a su vez alquiló a través de la empresa intermediaria Chapman Freeborn- y señaló que trabajó "sobre plantillas".

Además, indicó que en su informe no incluyó las quejas que sobre otros vuelos de transporte de tropas había realizado el Mando Aéreo de Levante (Malev) y el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (Ciset) porque en ese momento no las conocía.

Por otro lado, Fortún dijo ante el magistrado de la Audiencia Nacional que en ningún momento tuvo "autonomía" para realizar ninguna investigación de campo.

Por último, señaló que durante la elaboración del informe, que finalizó y entregó en diciembre de 2003, su interlocutor fue el teniente general José Antonio Beltrán Doña, ex jefe del Centro de Conducción de la Defensa (Cecod), imputado en la causa que investiga los errores en la indetificación de las víctimas del Yak-42.

Como Fortun declaró antes de que lo hiciese Rodríguez Gil, la defensa de los familiares de las víctimas se plantean ahora pedirle a Grande-Marlaska que vuelva a citar al autor del informe ante su juzgado.

CUATRO TESTIGOS MÁS

También declararon hoy ante el juez en calidad de testigos el ex teniente general jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), Eduardo González Gallarza; el antiguo jefe del Mando Aéreo General, Carlos Gómez Arruche; el entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Alfonso Pardo de Santayana; y el capitán Ramón Ignacio Balsera Bocanegra.

Todos ellos explicaron al juez que la responsabilidad en la contratación del Yak-42 fue del Estado Mayor de la Defensa a través del Estado Mayor Conjunto y que su única participación en los hechos fue la tramitación a instancias superiores de las quejas que recibían sobre los aviones en los que eran transportadas las tropas.

Tanto el comandante Alfredo Mínguez, miembro del Centro de Inteligencia y Difusión de Inteligencia (CIDI); como el jefe del Servicio de Operaciones en Vuelo de este departamento, Victoriano Jiménez Ramírez; no comparecieron ante el juez a pesar de haber sido citados y tendrán que hacerlo en próximas fechas.