Algunos fallecimientos en oscuras crcunstancias y los crecientes casos de malos tratos han llevado a estas organizaciones a promover una campaña en España y en los foros internacionales para que la Administración de Justicia cambie de trayectoria.

Las denuncias se refieren principalmente al caso de José Luis Iglesias Amaro, que el pasado 28 de febrero falleció en una celda de aislamiento de la prisión de Picassent (Valencia), y al de Juan Miguel López Montero, que apareció muerto en su celda de la cárcel de El Acebuche (Almería) en sepiembre de 1993.

En el primer caso, el informe oficial dijo que se había tratado de un suicidio, aunque el interno presentaba golpes recibidos unos días antes cuando intentó fugarse del hospital La Fe y fue sorprendido por sus vigilantes; mientras que en el segundo, la autopsia reveló que López Montero había sufrido una sobredosis.

Sin embargo, 115 personas se han erigido en acusación popular en el caso de Picassent porque consideran que Iglesias Amaro falleció a consecuencia de los golpes recibids. Asimismo, no comprenden cómo pudo ahogarse con los cordones de las zapatillas cuando en una celda de aislamiento no está permitido llevar cordones en el calzado. La próxima semana presentarán una querella ante el juzgado de Picassent.

En el caso de El Acebuche, la familia contrató los servicios del catedrático forense Luis Frontela, cuya autopsia apunta a la posibilidad de que a López Montero le hubieran colocado una bolsa en la cabeza cuando se encontraba bajo los efectos de alguna droga, lo que l hubiera provocado la muerte por asfixia.

DEFENSORA DEL PUEBLO

Este último caso no figura en el informe del Defensor del Pueblo de 1993 y las conclusiones generales de la defensora en funciones, Margarita Retuerto, contrastan con los datos de estas asociaciones sobre malos tratos en las cárceles. En lo único que coinciden es en la situación de hacinamiento de la población penitenciaria, que en marzo de 1994 ascendía a 48.652 internos.

Retuerto señalaba en sus conclusiones que la mayoría de las uejas por presuntos malos tratos en las prisiones "al ser investigadas ponían de manifiesto que no se trataba de tales, sino de la aplicación legítima de medidas coercitivas por parte de los funcionarios de prisiones, tendentes a corregir comportamientos violentos o de resistencia por parte de los internos".

Ante esto, Javier Baeza, de la Coordinadora de Barrios, dijo en rueda de prensa que, en su opinión, "la defensora del Pueblo no se ha pateado las prisiones españolas".

Cuando el ex defensor dl Pueblo Joaquín Ruiz-Giménez realizó su informe sobre las cárceles en 1987 hubo una comisión integrada por Manuel Jiménez de Parga que acompañó a la comisión del Defensor del Pueblo. "Yo intuyo", apuntó Baeza, "que no tiene mucha idea de lo que está ocurriendo en Instituciones Penitenciarias".

Sin embargo, el portavoz de la Coordinadora de Barrios añadió que la defensora del Pueblo ha admitido a trámite todas las denuncias presentadas hoy a los medios de comunicación y ha asegurado que serán investigdas.

AUMENTO DE MALOS TRATOS

Junto a estos casos de muertes en confusas circunstancias, las asociaciones han denunciado las dificultades de los presos para dar a conocer los presuntos malos tratos, ya que quien tiene que acreditar los malos tratos son los médicos de los propios centros penitenciarios, afirmó Jorge del Cura, de la Asociación contra la Tortura.

"Lo que sí que tenemos claro, porque estamos constatándolo todos los días, es el aumento sistemático de los malos tratos y torturas en la prisiones y centros penitenciarios", aseguró Del Cura.

Otra de las preocupaciones de estos colectivos es la facilidad de contagio del sida al no estar reconocido el consumo de drogas dentro de las cárceles y no haber jeringuillas ni preservativos suficientes. Esto provoca que una misma aguja sea compartida e incluso alquilada por numerosos usuarios, según Manuel Trillo, del Comité Anti-Sida.

Fuentes de Asuntos Penitenciarios consultadas por Servimedia señalaron que cada caso en concreto que es dnunciado pasa a manos de los jueces y que sobre el informe presentado hoy no había ningún comentario que hacer.

Por su parte, los colectivos mencionados han convocado una manifestación con el lema "Para que cese la violación de los derechos humanos en las cárceles" el próximo jueves 2, a las 19 horas, frente a la sede del Ministerio de Justicia e Interior de la calle de San Bernardo.