En un auto conocido este miércoles, el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 2 de la Audiencia desestima la medida cautelar solicitada por Rocha contra la resolución del TAD que le impuso dos años de inhabilitación y multas en materia de disciplina deportiva.

El magistrado analiza en su resolución los posibles escenarios que se plantearían si se suspendiera o no la inhabilitación. Considera que permitir a Rocha ejercer como presidente podría generar "un grave problema respecto de todas aquellas decisiones que hubiera tomado durante su mandato, afectando, además, a terceros".

En su argumentación, el juez señala que, si no se suspende la inhabilitación y Rocha ganara finalmente el recurso, los perjuicios morales, profesionales y económicos que pudiera sufrir "bien podrían resarcirse económicamente".

PREVALECE EL INTERÉS PÚBLICO

El tribunal concluye que debe prevalecer el interés público y de terceros frente al particular del recurrente. "El 'mal menor' consiste en este caso en salvaguardar el interés público y de terceros, frente al del actor que podría ser, en todo caso, debidamente indemnizado", argumenta la resolución.

La decisión judicial responde a la petición de Rocha, quien había alegado el "daño irreparable" que le supondría no poder participar en el proceso electoral a la presidencia de la RFEF por estar inhabilitado.

El auto impone además las costas procesales al recurrente, al desestimar su solicitud de suspender cautelarmente la sanción de inhabilitación que le impide optar a cargos directivos en federaciones deportivas durante dos años.