Así consta en la Memoria de la Audiencia Nacional relativa al ejercicio 2005. En ella se hace hincapié en el "valor criminógeno" del fenómeno de la inmigración ilegal y en "el hecho de que las redes mafiosas que canalizan esa inmigración no son ajenas a la que se dedican a actividades delictivas tales como la falsficación documental, el fraude, los secuestros, amenzas y coacciones, entre otros".

En cuanto a los delitos contra el Patrimonio Histórico Artístico, la memoria habla del "hecho de que en un elevado procentaje también son consecuencia de actuaciones coordinadas".

Asimismo, recuerda el "éxito procesal" que supuso en los años 80 el sumario denominado "Erik el belga", "que permitió no sólo la desarticulación de la red de espoliadores, sino también de la recuperación de una parte sustancial de las piezas artísticas sustraídas".

En este sentido, añade que la concentración de las investigaciones en este tipo de materias en un solo juzgado y su enjuiciamiento en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional "propiciará el éxito en la persecución de los delitos" referidos.

Así como reclama estas nuevas competencias, la Audiencia Nacional pide una reforma legal para que no recaigan sobre ella la investigación de determinados supuestos que no responden al concepto de criminalidad organizada.

En este sentido, considera que la falsificación de tarjetas de crédito debe ser investigada por la Audiencia Nacional "únicamente cuando dicha falsificación sea masiva o cometida por un grupo organizado".

SUMARIO DEL 11-M Por otra parte, en la memoria se hace referencia al sumario abierto sobre los atentados del 11-M y señala que "la Audiencia Nacional, para dar respuesta a las exigencias del sumario, no ha precisado de ninguna norma excepcional".

En este sentido, explica que "el denominado 'integrismo islámico' que de modo tan brutal golpeó a nuestra sociedad, no constituye, sino una expresión más de la lacra del terrorismo que ha venido sufriendo España durante décadas, y al que ha sabido enfrentarse con una especial sensibilidad, enmcarcada en el más escrupuloso respeto a la ley".

Además, considera que es necesario "intensificar" la comunicación "directa" con jueces y tribunales de otros países para combatir este tipo de terrorismo a través de acuerdos que propicien la coordinación policial y una "mayor fluidez" en la cooperación judicial.

La memoria también destaca "la labor que en estos años viene desarrollando la Audiencia Nacional en materia de delitos de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, torturas, etc", con el fin de que delitos de tal gravedad y trascendencia no queden impunes, cualquiera que sea el país en que se cometan".

No obstante, considera que el hecho de que ya esté funcionando la Corte Penal Internacional, creada por el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998, "aconseja estudiar la convenciencia de una reforma de nuestras leyes, para ajustarlas a la legislación internacional, y fijar nuevos criterios de atribución a la jurisdicción española".