LaAudiencia de Valladolid decididó a principios de octubre declararse incompetente para enjuiciar los hechos, ya que el delito en el que presuntamente incurrió Asunción fue cometido en Madrid.

El tribunal vallisoletano trasladó la causa a Madrid sin pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por la defensa del procesado, Javier Boix, que solicitó la nulidad de las actuaciones por la doble actuación llevada a cabo por Francisco Salinero, que actuó como juez de vigilancia penitenciaria y juez instructorde la causa.

El proceso se abrió en 1989 tras las investigaciones del citado magistrado para comprobar si Fernández Cerra, responsable del asesinato de cinco abogados laboralistas en Madrid en 1977 y que en la actualidad goza de libertad provisional, había regresado a la cárcel tras disfrutar de un permiso concedido por la jueza Rosa María Rodríguez.

El ultra no pudo salir porque el mismo día 15 de junio fue trasladado de la cárcel vallisoletana de Villanubla a la de Santander, aunque se tomó el ermiso semanas más tarde.

No obstante, Fernández Cerra, que ejerce la acusación particular del caso, pide seis años de inhabilitación de todo cargo público para el secretario general de Instituciones Penitenciarias, que dictó la orden de su traslado.

La remisión de la causa a Madrid, que contó con el apoyo del ministerio fiscal, terminó con las suspicacias levantadas entorno al juez instructor del caso y contra el magistrado que iba a ser ponente de la futura sentencia, José Donato Andrés Sanz, qe anteriormente ejerció como juez de vigilancia pentienciaria, puesto en el que se caracterizó por la concesión de permisos a varios ultras.