Estas asambleas expresaron la necesidad urgente de actuar para poner en marcha las medidas propuestas, simplificando el modelo de IT con el objetivo de garantizar la expedición de los documentos de baja, confirmación y alta para todos los pacientes en todos los puntos de atención médica y que esta se haga de manera telemática para minimizar la carga burocrática y facilitar así el acceso a la prestación económica y a la recuperación de la salud de los trabajadores con todas las garantías para las empresas y para el sistema público de aseguramiento.

Desde las secciones especializadas expresaron su especial preocupación por este asunto que está “en la agenda de todos los médicos de Atención Primaria de España”.

Los representantes de Atención Primaria consideraron que la gestión de las IT debe modernizarse y digitalizarse, así como mejorar varios puntos de su gestión por parte de todos los médicos del sistema público de salud. Por tanto, exigieron a las autoridades implicadas en la gestión de la IT su compromiso en asumir las soluciones que desde la Atención Primaria se han propuesto.

APOYO A LOS MÉDICOS DE MADRID

En dicha asamblea también se abordó la situación de conflicto con las administraciones públicas que han llevado a la huelga en las urgencias extrahospitalarias de Atención Primaria en las comunidades de Madrid y Cantabria.

Desde ambas secciones nacionales consideraron que, tanto en el caso de Madrid como en el de Cantabria son necesarias medidas urgentes de mejora de las condiciones laborales, la inmediata mejora de la seguridad de los centros para evitar las agresiones a los profesionales y la imprescindible necesidad de consenso con los clínicos antes de tomar decisiones de gestión clínica que afecten a médicos y pacientes.

“En el caso de Madrid, sin el consenso requerido en estas circunstancias, los médicos que ocupan los puestos de urgencias en los servicios SAR y SUAP (Servicio de Atención Rural y Servicio de Urgencias de AP) han visto como se han modificado sus condiciones laborales previas, desapareciendo los SAR y con ello los derechos laborales adquiridos de sus trabajadores”, señalaron.

Entre estos derechos destacan los destinos adquiridos en oposición, los horarios preestablecidos, la conciliación familiar y el aumento de horas entre otros. Desde el Cgcom reiteraron que todo ello se produce por falta de personal médico para ocupar todas las plazas de la urgencia de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, situación que ocurre desde la pandemia por la covid-19.

Por ello, entienden que “ante la precaria situación en la que se encuentra la Atención Primaria en general, este tipo de decisiones en los servicios de urgencias no ayudan a mejorar las condiciones de trabajo, más bien al contrario, conducen a aumentar el malestar de los profesionales del sector”.

En el sector rural, eslabón más débil de la cadena asistencial, puede conducir a un agravamiento de la atención recibida en este espacio sanitario. “El servicio que prestaba el SAR en la zona rural se ve comprometido severamente con estos cambios de organización y este hecho preocupa a los representantes colegiales del sector de Atención Primaria”, expresaron.