Los jueces madrileños están muy dolidos por la información que ayer suministró a los medios de comunicación el dlegado del Gobierno en Madrid, Arsenio Lope Huerta, porque "induce, con gran imprudencia, a atribuir responsabilidades a los jueces intervinientes", según señala el Decanato en un comunicado.

"Esto no hace más que crispar más a la opinión pública, ya lógicamente indignada por el asesinato de dos trabajadores del servicio de taxis", se lamentan los jueces.

El 17 de octubre de 1994, el Juzgado de Instrucción número 7 acordó el internamiento de Hassan El Hattaf en el Centro de Internamiento de Extrajeros para que la policía lo expulsara de nuestro país. En ese momento, en el atestado policial no constaba que Hassan El Hattaf fuera Rachid Moufrag.

El 26 de octubre, la policía constató que se trata de la misma persona y que con ese último nombre estaba reclamado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, por lo que le trasladaron desde el Centro de Extranjeros a los calabozos de los juzgados sin ponerlo en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 7, que había ordenado la expulsión.

El Juzgado de Instrucción número 34, de guardia ese día, le ingresó en la prisión de Carabanchel y lo puso a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, quien ordenó que cumpliera la condena de 10 días de arresto que le había impuesto por la comisión de una falta.

Una vez cumplidos los 10 días, la cárcel de Carabanchel lo tuvo que poner en libertad, "sin que por la policía se cumpliera la orden de internamiento que había dado el Juzgado de Instrucción número 7, ya que ésta no se preocup de recogerlo" e ingresarlo de nuevo en el Centro de Extranjeros para posteriormente expulsarlo.