A esta reunión asistieron representantes de las asociaciones vecinales de Málaga, Valencia, Madrid, Lleida, Burgos, Ciudad Real, Palma de Mallorca, Santander, Valladolid, Sevilla y Zaragoza, todas ellas gobernadas por el PP a excepción de Lleida, en manos del PSOE.

Las organizaciones vecinales denunciaron la subida de taas, en contra de las ofertas electorales, la tendencia a la privatización de servicios como funerarias, polideportivos, centros sociales, mercados, recogida de basura y parques y la despatrimonialización de los recursos de los ayuntamientos.

Denuncian también el fomento de proyectos especulativos del suelo, el crecimiento desordenado de las grandes ciudades, la supresión de la participación ciudadana y la reducción de las subvenciones a asociaciones vecinales entre un 60% y un 70%.