El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Manuel Suárez Robledano, dijo a Servimedia que ve "muy complicado que prospere" y añadió que "la única forma de paralizar" un matrimonio entre personas del mismo sexo es que el juez plantee una cuestión de constitucionalidad.

No obstante, Suárez argumentó que el "problema" de la objeción de conciencia es que la Constitución "únicamente se refiere a los informadores, por lo que no hay regulación al respecto".

"Es un problema que tendrá que resolver el superior jerárquico aplicando principios constitucionales, pero lo veo muy complicado", concluyó.

SIN BASE LEGAL

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Edmundo Rodríguez, indicó que la actuación de la secretaria judicial "no tiene ninguna base legal" y apuntó que "en ningún caso" los secretarios judiciales pueden objetar el cumplimiento de una norma jurídica.

Además, aseguró que la secretaria judicial puede estar incurriendo en una falta de carácter disciplinario, por incumplir sus obligaciones laborales, y en un delito, al negar a un ciudadano su derecho a contraer matrimonio.

Finalmente, el portavoz adjunto de Francisco de Vitoria, Juan Pedro Quintana, aseguró que "no tiene fundamento legal" plantear la objeción de conciencia en ese caso y remarcó que ese derecho no está reconocido en el ámbito de la Administración de Justicia.

"No creo que exista ningún sustento jurídico para plantear la objeción de conciencia; no sé en qué concepto legal se habrá amparado", concluyó.