Montserrat Comas, portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), explicó a Servimedia que el encuentro fue positivo porque "se ha puesto otra vez el Pacto de Estado encima de la mesa no sólo como necesario, sino como posible", y se han iniciado las rondas de conversaciones con los grupos parlamentarios y las asociaciones judiciales.

Comas indicó que también es positivo que el Gobierno haya ofrtado 250.000 millones de pesetas porque eso hace creíble que se puedan iniciar reformas en la Administración de Justicia y dijo que el ministro les entregó un documento de trabajo que contiene la ampliación de su discurso ante el Parlamento, el mismo texto que se ha hecho llegar a los grupos parlamentarios.

De esta forma, JPD podrá aportar por escrito lo que crea conveniente en una próxima reunión. Además, esta asociación se congratula de que Acebes le transmitiera que no se quiere tardar en las negoiaciones, sino que antes de la próxima legislatura el Ejecutivo desea adoptar decisiones, por lo que antes de mayo deben haber concluido las conversaciones para el consenso.

La Ley de Retribuciones para jueces y magistrados, señaló Comas, iría dentro del Pacto de Estado y por tanto no sería preferente o anterior al resto de reformas. JPD comunicó a Acebes que coincide con el ministerio en todo aquello que supone mejorar el servicio público de la justicia, pero discrepa en la modificación del sistema d elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) yde la Ley del Jurado, así como en lo relativo el sistema de acceso a la carrera judicial.

Respecto a la ampliación de competencias a favor de las salas de gobierno y descentralizar, por tanto, funciones que tiene el CGPJ, esta asociación se muestra de acuerdo siempre que previamente se modificara la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el sistema de elección fuera no el mayoritario, sino el proporcional.

"Parece que hay ua apertura a tener en cuenta todas las opiniones. Ellos hablan de que prefieren todo consensuarlo y, respecto a lo que no se pueda consensuar, lógicamente el ministerio se reserva la última palabra en la decisión de lo que tengan que hacer", subrayó Comas.

ESPERANZA

De manera similar se pronunció José Luis Requero, portavoz de la asociación Profesional de la Magistratura (APM), quien dijo que la reunión fue positiva en el sentido de que se habló de la comparecencia del ministro, de los encuentros qu había tenido con los grupos parlamentarios, y quedó bien claro cuál era el planteamiento del Ministerio de Justicia.

Requero manifestó a Servimedia que la APM asiste a todo este proceso con "esperanza" porque confía en que los compromisos del Gobierno se vayan cumpliendo, especialmente en lo que se refiere a la renovación del CGPJ, para lo que debe cambiarse el sistema de elección de sus vocales como primera cuestión.

La APM insiste en la necesidad de que no es aceptable que en un proceso de negciación de esta naturaleza se marquen temas que sean intocables, como ha hecho el PSOE. "Consideramos que hay temas que, lejos de ser intocables, tienen que ser necesariamente abordados porque precisamente son los que más daño han hecho a la justicia en los últimos tiempos", dijo Requero.

Precisó que se refiere a la cuestión del CGPJ, al ingreso en la carrera judicial por el sistema de turnos y a otros muchos temas que es necesario perfeccionar. "El balance es positivo y contemplamos todo esto con espranza y con un espíritu positivo", reiteró.

ESCEPTICISMO

Contrariamente a estas dos opiniones, el portavoz de la Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, se mostró escéptico tras la reunión e insistió en que la justicia necesita una profunda reforma que esta asociación apoyaría, pero el hecho de que el Gobierno del PP haya aprobado unas pocas medidas no hace concebir muchas expectativas.

González Armengol dijo a Servimedia que se está hablando de 250.000 millones de pesetas, pero eso equiere una concreción, unos plazos concretos y unas prioridades de actuación, al tiempo que expresó su temor a que el debate sea artificial y no aborde los verdaderos problemas profesionales de la composición del CGPJ.

Esta asociación mostró ayer al ministro su malestar por las declaraciones que realizó en su comparecencia, a través de las cuales podía atisbarse una crítica velada a los jueces, y por la marcha de la Ley de Retribuciones.

La Francisco de Vitoria transmitió a Acebes que, con indepndencia de que hubiese o no Pacto de Estado, la obligación del Gobierno es acometer la reforma de la justicia y aproximarse a los índices de incremento presupuestario existentes en Europa.

González Armengol aseguró que su impresión tras el encuentro con Acebes es la misma que cuando se planteó la reforma. "El problema que vemos es que tenemos un año de tránsito de este Gobierno y no hemos visto prácticamente nada realizado", indicó.