Fuentes gubernamentales confirmaron hoy a Servimedia que el Ministerio de Justicia está preparando "ajustes procesales" para limitar la jurisdicción universal de los tribunales españoles, a tenor de las investigaciones iniciadas por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu sobre Israel por crímenes de guerra.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), y la Francisco de Vitoria que se pronunciaron sobre este asunto creen que hay aspectos de la legislación que podrían modificarse, pero calificaron de "sólida", "rigurosa", "impecable" y de "extraordinaria pulcritud" la investigación abierta por el juez Andreu.

El portavoz de JpD, Miguel Ángel Gimeno, recordó que en otros países, incluído EEUU, hay leyes "antiquísimas" que permiten iniciar procesos contra delitos cometidos fuera del país donde se juzgan aunque, matizó, siempre exigen que "haya un punto de contacto" con el país que abre la investigación judicial y "aquí no lo tenemos".

Al parecer, según dijo Gimeno a Servimedia las modificaciones legales que estudia el Gobierno español "es muy posible que vayan por ahí".

Por su parte, el nuevo portavoz de la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, reconoció que aunque es "impecable" la actuación del juez Andreu sobre Israel, no sería "ilegítimo" modificar la legislación para evitar que se "colapse" la Audiencia Nacional.

Sexmero explicó que, a su juicio, lo que no puede la Audiencia Nacional es convertirse "en un tribunal penal exclusivo, porque es un tribunal nacional".

En este sentido, señaló que "la justicia universal no puede dar lugar a que se convierta en el único tribunal, prácticamente mundial, que se dedique a investigar todo tipo de consecuencias de conflictos armados habidos en el globo".

Finalmente, el portavoz de la APM, Antonio García, sentenció que las decisiones adoptadas por la Audiencia Nacional que afectan a la jurisdicción internacional han sido siempre ajustadas "al marco de referencias legales y a la doctrina constitucional".

Otra cuestión, precisó García, es que políticamente las decisiones que se han adoptado hayan podido gustar más o menos a los políticos y "si la ley se cambia, habrá que ver cómo se cambia".