En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno, explicó que aunque el CGPJ no se pronuncia en contra del ejercicio de huelga, el problema de fondo continúa, porque no han dilucidado cómo se regula el derecho de huelga para este colectivo.

Anunció que JpD va a seguir en la negociación y que se sentará con el Ministerio de Justicia en el momento que les convoque. Gimeno adelantó que ya se baraja un calendario para proseguir con la negociación y que la próxima reunión podría ser antes de la huelga del 18 de febrero.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, dijo que la decisión del CGPJ no les ha sorprendido "lo más mínimo", porque avala las tesis que su asociación ha estado defendiendo. A su juicio, el CGPJ no tiene competencia para responder a una cuestión como ésta.

No obstante, el portavoz de la APM, que tampoco apoya la huelga del 18-F, tildó la resolución del órgano de poder de los jueces de "alambicada, oscura y barroca" y condieró que debería haber sido "mucho más clara".

El portavoz de la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, que continúa con la intención de sumarse a la huelga del 18 de febrero, argumentó que el acuerdo del CGPJ lo que viene a decir es que no es competente para fijar servicios mínimos porque no se considera la autoridad administrativa a los efectos de regular la huelga. "La decisión del CGPJ no aporta nada, por lo que la Francisco de Vitoria mantiene la huelga", sentenció.

En los próximos tres días, la directiva de la asociación se reunirá para decidir si plantea o no recurso ante el Tribunal Supremo, o si adopta medidas cautelares (tiene un plazo de 10 días) de los derechos fundamentales para que el Alto Tribunal se pronuncie sobre dos aspectos concretos: que se tenga por aceptada la convocatoria de la huelga y que se fijen unos servicios mínimos.