En una reunión de cerca de cuatro horas, los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) decidieron proponer a sus afiliados la fecha del 26 de junio para la celebración de una jornada de paro si consideran que la respuesta de los poderes públicos a sus demandas es insuficiente.

De forma complementaria, las asociaciones decidieron proponer a los miembros de la carrera judicial sustituir la huelga convocada por los magistrados de Murcia y Extremadura para el próximo 18 de febrero -que podría extenderse a otros territorios- por una jornada de protestas cuya contenido está todavía por concretar, pero que, según adelantaron hoy los representantes asociativos, pasaría por la celebración en todas las sedes judiciales de un paro de unos cinco minutos en los que se daría lectura a un comunicado.

Los representantes de las asociaciones argumentaron esta decisión en la necesidad de dar tiempo suficiente a los responsables del CGPJ y del departamento dirigido por Mariano Fernández Bermejo para que puedan responder a sus demandas.

Estas reivindicaciones pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.

Tras la reunión, los portavoces de la APM, José Antonio Ballesteros; de JpD, Miguel Ángel Gimeno, y de la AJFV, Lorenzo del Río, explicaron que con la decisión adoptada hoy tratan de dar "una imagen de unidad" y lanzar a la sociedad "un mensaje de responsabilidad" y de "plena disponibilidad al diálogo".

Con esta reunión, las asociaciones tratan de abanderar las reivindicaciones de los jueces, unas protestas que surgieron de forma espontánea no a través del movimiento asociativo, sino del boca a boca y de los miles de mensajes enviados en la intranet de los jueces.