Las organizaciones firmantes son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI), todas las que representan a los jueces españoles.

En un comunicado hecho público este lunes, los firmanes recuerdan que las nuevas instalaciones se inauguraron la pasada semana sin la presencia de los máximos representantes de las administraciones andaluza, judicial y local y explican sus primeras impresiones después del traslado a Palmas Altas de los magistrados de lo contencioso-administrativo y de lo mercantil, que son los primeros que han sido trasladados a la nueva sede.

Las asociaciones dicen no cuestionar las decisiones de las administraciones competentes sobre el lugar elegido para emplazar los juzgados de Sevilla, pero ponen de manifiesto que esta mudanza “no se ha producido buscando la mejora de la prestación del servicio de Justicia” en esa provincia, dado que hasta ahora todas las sedes judiciales estaban muy cercanas entre sí, mientras que la nueva se encuentra alejada y supone “un grave retroceso”.

En primer lugar, las asociaciones muestran su preocupación ante “las dificultades de acceso al lugar”sin que se haya ofrecido “una solución satisfactoria a la cuestión del transporte a esa zona de expansión de la ciudad que aún no está desarrollada, lo que dificultará extraordinariamente el acceso de trabajadores y, sobre todo, de ciudadanos”, lo que acarreará retrasos en los trámites, suspensiones de juicios e inconvenientes para los ciudadanos.

En segundo lugar, exponen que el edificio no reúne “las condiciones mínimas para el desempeño de la actividad judicial” y para ilustrar esta afirmación explican que los despachos asignados a los magistrados titulares de los órganos judiciales “son pequeños cubículos tipo celda que no disponen de espacio para la instalación de elementos esenciales en la labor judicial, tales como un armario donde depositar la toga o estanterías para libros o expedientes, o para recibir a profesionales o jueces en prácticas”.

Por su parte, las oficinas judiciales, concebidas como un espacio común, sin separación de los funcionarios de cada Juzgado, “dificultan la relación entre el personal del Juzgado y los titulares de los órganos judiciales con unas mínimas condiciones de privacidad”.

Aunque las asociaciones judiciales ya habían trasladado estos inconvenientes a la administración autonómica “en numerosas ocasiones, con escaso éxito”, deciden volver a hacerlo en estos “primeros momentos del traslado” para propiciar un replanteamiento de la intervención realizada en el edificio de Palmas Altas.