LAS ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS PIDEN EN EL PARLAMENTO EUROPEO MEDIDAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA ESTAS MUJERES
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Ana Peláez, miembro de las comisiones de la Mujer del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacdad (CERMI) y del Foro Europeo de la Discapacidad, pidió hoy en el Parlamento Europeo a las autoridades comunitarias la adopción de medidas para erradicar la violencia que sufren las mujeres con discapacidad.
Peláez, que también es presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo General de la ONCE, solicitó a los eurodiputados, durante su comparecencia ante la Comisión para los Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de la Eurocámara, que tengan en cuenta esta realidad en us agendas políticas para acabar con cualquier tipo de discriminación y lograr la plena integración.
Según manifestó a "Solidaridad Digit@l", entre las demandas que expuso a los eurodiputados destaca la adopción de "medidas enérgicas contra todas las formas de violencia que vienen sufriendo las niñas y mujeres con discapacidad".
"Un gran número de mujeres con discapacidad", señaló, "es víctima de la violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor, que el resto de mujeres, de sufrir violencia sexua. Las mujeres con discapacidad formamos un grupo social aislado e invisible, que se enfrenta a todo tipo de restricciones y limitaciones".
En este sentido, pidió al Parlamento que recomiende a la Comisión que estimule a los Estados miembro a dictar normas jurídicamente vinculantes que protejan los derechos humanos de las mujeres en situación de dependencia o que no puedan representarse a si mismas.
La representante del CERMI y del Foro Europeo de la Discapacidad también solicitó la elaboración deestudios específicos sobre la violencia contra las mujeres con discapacidad, para determinar el origen y las dimensiones de esta violencia y adoptar las medidas necesarias para erradicarla.
Además, se mostró partidaria de que estos estudios y trabajos estadísticos sobre discapacidad en los que se tenga en cuenta las diferencias por género se extiendan a todos los ámbitos, e incluso que el Defensor del Pueblo europeo inicie una amplia investigación social sobre la situación de las mujeres con discapaciad en el continente, desde la óptica de sus derechos humanos.
La necesidad de que la UE apoye los trabajos de la ONU para promover la futura Convención de Promoción de los Derechos de los Discapacitados, la puesta en marcha de iniciativas para aumentar la participación de las mujeres con discapacidad en la vida política, la adopción de medidas de discriminación positiva para favorecer la integración de estas personas y la aprobación de una Directiva Específica de Discapacidad que tenga en cuenta la siuación de las mujeres fueron otras de las propuestas que citó.
DESEMPLEO
En materia de empleo, recordó que frente al 55% de mujeres sin discapacidad que en el entorno europeo trabaja, sólo tiene empleo el 25% de mujeres con discapacidad, y añadió que la calidad de éste suele ser menor, es decir, menos retribuido, de estatus inferior y con menores ventajas que el de los hombres con discapacidad.
"La tasa de inactividad de las mujeres con discapacidad", explicó, "es especialmente preocupante, enmrcada en torno a un 75 por ciento del total de la población entre 16 y 64 años".
Peláez indicó que las mujeres con discapacidad sufren una discriminación que se evidencia "en cotas mayores de desempleo, salarios inferiores, menor acceso a los servicios de salud, mayores carencias educativas, escaso o nulo acceso a los programas y servicios dirigidos a mujeres en general, mayor riesgo de padecer situaciones de violencia y todo tipo de abusos, realidad que se agrava por la existencia de normas y polítics que fomentan la dependencia y por la dificultad de introducir modificaciones en los hábitos preexistentes".
"Además", agrego, "existen diferencias significativas en el tratamiento que se procura a las mujeres con discapacidad según el país de origen; diferencias éstas que se intensificarán a partir de mayo de 2004 con la incorporación de los diez nuevos países de la zona este de Europa".
El derecho a la salud de este colectivo fue otras de las cuestiones a las que se refirió Ana Peláez en su inervención, durante la cual puso de manifiesto que "existen numerosas barreras para acceder a la planificación familiar y a la asistencia a la reproducción, todo ello sin tener en cuenta las necesidades de control de tales situaciones por parte de las propias usuarias".
(SERVIMEDIA)
18 Feb 2004
GJA