La comunidad científica está “expectante” ante la posibilidad de recuperación de períodos de investigación que no cotizaban a la Seguridad Social ni se consideraban relación laboral antes del año 2011.

El 1 de mayo, el Ministerio publicó una Orden Ministerial en la que se ofrece la posibilidad de recuperar, a efectos de Seguridad Social, cinco años de trabajo investigador, pero con base de cotización del año 2024 y con costes que suponían a la persona afectada cubrir cuotas del empleado y del empleador.

Esta orden ministerial fue “fuertemente contestada” por estas entidades y, tras distintas reuniones, el Ministerio, junto con la Mesa de Diálogo Social, rectificó algunas de las medidas que propuso.

Sin embargo, las sociedades científicas señalaron como aspectos positivos la inclusión de alegaciones de las entidades presentadas en diciembre del 2023 respecto a alguno de los aspectos “más lesivos”, como la rectificación de la base de cotización a la mínima del año a recuperar.

Además, se incluyen en la orden becas de investigación que no son predoctorales, se permite el fraccionamiento del pago hasta en siete años, y se permite un plazo de cuatro años para suscribir el convenio. Estas medidas “facilitan que más personas se puedan acoger”, dijeron desde las entidades.

Igualmente, las asociaciones científicas insistieron en que estos cambios son “insuficientes” porque “el período de recuperación se sigue limitando a cinco años, y el empleado ha de asumir también los costes del empleador”.

Así, dijeron que “al resolverse el límite de cinco años, se necesita buscar otra solución legislativa específica que no considere este trabajo como prácticas académicas”.

Algunas de las sociedades ya hicieron propuestas legislativas para reconocer los derechos laborales de estos periodos, incluyendo la cotización a la Seguridad Social por un mecanismo que no es el del convenio especial.

También, ante las declaraciones de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sobre que buscaría una solución “reparadora” para el colectivo, las entidades mantuvieron “la propuesta de una bonificación sobre la cuota para conseguir un convenio realmente justo”.

Por ello, pidieron que “tanto el Ministerio como el Gobierno en su conjunto exploren esta vía para encontrar esa posibilidad de reparación”.

“Las protestas se iniciaron ya antes del 2011. Continuamos en junio y en diciembre de 2023, y ahora en el año 2024”. Han pasado muchos años y se realizaron muchas sugerencias. Es momento de escuchar a los científicos y que atiendan a las reivindicaciones de todo el colectivo”, concluyeron las sociedades.

Al mismo tiempo, recordaron que las entidades “seguimos a disposición del Ministerio y de los integrantes de la Mesa de Diálogo, para conseguir unas mejores condiciones para un colectivo científico cuyo objetivo es mejorar la I+D+I en beneficio del conocimiento y el impacto social”.