Así lo indicó esta asociación en una carta en la que valoraron la intención del Gobierno de realizar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recuperar la competencia del CGPJ en funciones para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, algo que “según la Constitución corresponde designar al Consejo” y que si no se puede hacer es porque una reforma aprobada hace un año lo impidió.

Esta asociación judicial señala en el documento que si el CGPJ está en funciones es porque los diputados y los senadores, “en particular de los grupos parlamentarios cuya participación es imprescindible para alcanzar la mayoría necesaria”, están “incumpliendo” desde hace más de tres años “su deber constitucional” de nombrar a los nuevos vocales del CGPJ.

“La situación descrita es insostenible”, apunta, al tiempo que subraya que “legislar a la carta” y “obstaculizar” el cumplimiento de mandatos constitucionales “en función de los intereses de un partido o del Gobierno en cada momento” es “el mejor modo de destruir las bases de nuestra convivencia democrática”.

“La esencia de la democracia estriba en que la mayoría gobierna sujeta a reglas y procedimientos que salvaguardan las opciones de la minoría de convertirse en el futuro en la opción mayoritaria. Si se prescinde de tales reglas y procedimientos, se prescinde de la democracia misma”, señala la AJFV.

Bajo su criterio, proyectar un comportamiento como el indicado sobre la Justicia manifiesta “un desprecio absoluto” por los derechos de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, porque son los jueces quienes deben asegurar “que aquellos derechos sean respetados de manera efectiva”.

Además, avisa de que las bases del Estado democrático de derecho “están en riesgo”, y por ello asegura que es “urgente” que diputados y senadores “cumplan” su obligación y designen a los nuevos vocales del CGPJ “conforme a criterios que excluyan la imagen de politización del órgano”.

También aboga por promover una reforma legal para establecer un sistema de elección de vocales del CGPJ que no permita que se produzcan situaciones de interinidad como la actual y que garantice la imagen de “neutralidad” política del mismo y propone que los grupos políticos “dejen de utilizar el sistema judicial como un instrumento de satisfacción de sus propios intereses, en detrimento de la convivencia democrática entre todos los españoles”.