La AF ha hecho estas manifestaciones después de reunirse con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que según asegura es “perfecto conocedor” de este problema y “defensor, en su momento, de la derogación de dicho precepto”. El asunto está sobre la mesa después de que el Gobierno anunciara una posible reforma para evitar que las investigaciones sobre las causas relacionadas con el ‘procés’ se alarguen.

En la reunión también se han tratado otros asuntos como el impulso a la derogación del artículo 324 de la LECrim o la modificación del “insatisfactorio modelo de productividad” para superar “las notables diferencias entre fiscales”.

Respecto de justicia digital, la AF mantiene sus exigencias sobre la determinación de las aplicaciones informáticas, que deben ser ágiles, han de facilitar la labor del fiscal y “estar diseñadas por y para quienes deben operar con ellas”.

La asociación conservadora exige también la creación de un servicio de prevención de riesgos laborales propio del Ministerio Fiscal, con autonomía presupuestaria y un plan en el que se determine la carga de trabajo razonable y proporcional para asegurar la salud de los fiscales, que atienda al listado propio y la determinación de las enfermedades laborales de los fiscales y que se tome en consideración para la determinación de las plantillas y a efectos de la productividad.

Esta asociación denuncia igualmente las carencias en formación continua e inicial de los fiscales, exigiendo que la formación corresponda a miembros de la carrera. Además, quieren que se potencie el conocimiento en materias troncales para los fiscales de acceso y que se destine el tiempo necesario a la formación de todas las materias, también de las especialidades, y la agilización de los trámites para el acceso a los cursos.

Piden también la superación del modelo de formación online exigiendo una inmediata mejora de la cuantía aplicada a dietas, “notoriamente insuficiente” y que se mantiene inalterada desde 2005.

La Asociación de Fiscales insiste en que la Fiscalía General se oponga a la figura del fiscal en expectativa de destino, ya que consagra como habituales las plazas en expectativa, cuando deberían ser asignadas en propiedad. Piden, finalmente, la regulación del estatuto del Fiscal General del Estado, el reforzamiento del Consejo Fiscal órgano de representación democrática de la carrera, la autonomía presupuestaria y de gestión, así como la consolidación de fórmulas de disentimiento frente a órdenes de superiores jerárquicos, y la aplicación de un régimen disciplinario sin intervención del Ministerio de Justicia.