Así lo anunció en un comunicado en el que solicitó que, en el proceso de enmiendas en la Cámara Baja, sean consideradas algunas de sus aportaciones, como la “flexibilización” de la norma en lo que respecta a la obligación de atender el 95% de las llamadas en menos de tres minutos, reduciendo el porcentaje al 80% o ampliando el tiempo a cinco minutos.

Además, reclamó la exclusión de las consultas de las obligaciones que aplican a las quejas, reclamaciones o incidencias, debido a su “desproporción”, ya que, según la asociación, “no tienen la misma naturaleza”.

Finalmente, reclamó la posibilidad de seguir realizando ofertas comerciales tras concluir la atención de las consultas, quejas, reclamaciones e incidencias, “siempre como mejora”, y exigió la incorporación de las Administraciones Públicas en el “alcance” del proyecto de ley.

La asociación reiteró que el proyecto tendrá un “elevado” impacto económico y organizativo en el sector y lamentó que “no se le ha tenido en cuenta en su redacción”. Además, puntualizó que el texto propuesto por el Ministerio de Consumo es “incompleto” y “excluye expresamente” a la administración pública, cuya atención es, a su entender, “en general, peor que la del sector privado”.

Junto a ello, criticó que sea un texto “heterogéneo”, que “pretende unificar” las legislaciones precedentes, pero “mantiene distintas normas de aplicación entre algunos sectores” y lo consideró “prejuicioso y paternalista”, dado que declara que las empresas tienen unos servicios de atención “ineficaces, generan insatisfacción en la clientela y desprestigian su propia imagen y la del mercado”.

En paralelo, lo estimó “contradictorio”, teniendo en cuenta que el texto excluye a las pequeñas empresas, pero “les atribuye algunas obligaciones”, y rechazó que sea un texto “unilateral” y que no haya sido “consensuado” con el sector.