Según fuentes de la Cámara madrileña, esa decisión se adoptó teniendo presente que el artículo 33.3 del Reglamento de la Asamblea establece que son infracciones “atentar contra la dignidad de la Asamblea de Madrid o contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando en este último supuesto, desorden con su conducta, de obra o de palabra, en los términos previstos en el artículo 138 de este Reglamento”.

Además, el artículo 34.1b) dispone que, en este supuesto, podrá imponerse como sanción “la suspensión de alguno de los derechos de los diputados reconocidos en los artículos 15 a 21 de este Reglamento por un tiempo de 15 a 30 días”.

Asimismo, la Mesa aprobó que se desarrolle el procedimiento elaborado por los letrados de la Asamblea de Madrid y, aplicando el mismo, nombró como instructora a la diputada Mercedes Zarzalejo (doctora en Derecho y portavoz adjunta de la Comisión del Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado), que será asistida por un letrado de la Cámara durante la tramitación del expediente.

La instructora ordenará la práctica de diligencias para determinar y comprobar los hechos y pruebas que puedan conducir a esclarecerlos, así como determinar las posibles responsabilidades susceptibles de sanción.

Además, formulará y notificará el correspondiente pliego de cargos en el plazo de cinco días, y expresará la infracción presuntamente cometida y las sanciones que se puedan imponer. El procedimiento abreviado contempla un plazo de cinco días hábiles, prorrogable por igual plazo a petición de la diputada, para que pueda presentar alegaciones frente al pliego de cargos.

En caso de que presente alegaciones, habrá un periodo de prueba con un plazo de ocho días. Finalizado éste, el instructor formulará la propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los hechos, efectuará la calificación jurídica para determinar la infracción que se considere cometida y señalará las posibles responsabilidades de la diputada, así como la propuesta de la sanción. La propuesta será debatida y votada en la Mesa, que resolverá definitivamente.

La diputada podrá solicitar a la Mesa de la Asamblea la reconsideración del acuerdo de sanción en el plazo de los 15 días siguientes a su notificación. En ese caso, la ejecución de la sanción quedará en suspenso hasta que la Mesa de la Asamblea resuelva sobre la reconsideración.