Sineiro subrayó que de los 1.100 casos existentes en esta comunidad autónoma, el 70 por ciento tienen una antiguedad superior a los 70 años.

El foro es un contrato consensual por el que una persona cede a otra, ordinariamente por tres generaciones, el dominio útil de una cosa mediante cierto canon o pensión.

El portavoz del PSOE gallego para asuntos agrarios reiteró sus críticas a la ruptura del acuerdo sobre arrendamientos rústicos históricos y responsabilizó al alcade del municipio coruñés de Cesuras, José Ferreiro Pardiñas, del Partido Popular (PP), de ser uno de los inductores en su condición de administrador de las tierras del marqués de Loureda, del voto contrario del Grupo Popular a un precepto que había respaldado en comisión.

El parlamentario socialista reconoció que el problema afecta a un escaso número de arrendatarios, pero añadió que la ley supone la única garantía de que no se repitan situaciones dramáticas como los deshaucios de los caseros de Larín(La Coruña).

"Pese a las declaraciones del presidente de la Xunta, Manuel Fraga, en aquel momento, ahora fue él quien dió las órdenes para que se rompiera el concenso logrado en la ponencia, atendiendo a presiones de dos o tres personas", dijo Sineiro.

El alcalde de Cesuras, José Ferreiro, aseguró a Servimedia que no realizó ninguna gestión al respecto ante sus compañeros de partido ni ante el Gobierno regional.

Además, resaltó que el marqués de Loureda llegó a acuerdos amistosos con 23 de ss 24 caseros, que han pasado a ser propietarios de las casas en las que residían y de un porcentaje, entre el 3 y 4,5 por ciento, de las tierras que trabajaban, y que siguen disfrutando sin pagar rentas, sólo gastos de mantenimiento.

El casero restante accede a la propiedad de las tierras que trabajaba por vía legal, dijo Ferreiro.

Según Sineiro, 6 familias son las propietarias de la tierras que trabajaban desde hace décadas 500 de los 1.100 arrendatarios históricos existentes actualmente en Galiia.

El plante del Grupo Popular a última hora en el Parlamento hizo caer de la Ley de Arrendamientos Históricos, un precepto por el que las plusvalías generadas por cambio de calificación de suelo irían a los arrendatarios y arrendadores en proporción del 60 y 40 por ciento. El PP gallego lo aceptó en ponencia, pero en pleno defendió los porcentajes a la inversa.

Por último, al quedar la ley sin ese artículo, el reparto se hará al 50 por ciento, de acuerdo con la ley estatal. Los arrendatarios hitóricos sí disponen, desde ahora, de una nueva prórroga, hasta el año 2.006, para ejercer al derecho de acceso de la propiedad de la tierra que trabajaban desde hace décadas.