Dicha comisión está formada por el director del Departamento de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense, Fernando Valdés; el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Salvador Rey; el decano de Ciencias Económicas de la Universidad de Granada, Santiago Carbó; y el director del Seminario Ortega y Gasset de Empleo y ex director general de Empleo, Valeriano Gómez.

Dicha prestación se recoge en la disposición adicional cuarta del recientemente aprobado Estatuto del Trabajo Autónomo, y según el compromiso del Gobierno, debería entrar en vigor en 2009.

En la presentación, a la que acudieron representantes de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) así como de otras organizaciones de autónomos, González destacó que la puesta en marcha de esta comisión revela el compromiso del Gobierno con los trabajadores autónomos e indicó que dicho grupo de trabajo se ha creado solo cinco meses después de la aprobación del estatuto.

Destacó, asimismo, que la iniciativa cuenta con el respaldo de las organizaciones de autónomos y aseguró que "una reivindicación tan sentida va configurándose desde la base de un estudio serio y riguroso".

Por su parte, Granado afirmó que la plena homogeneización de derechos es una oportunidad para el sistema y agregó que "no es una encomienda fácil" y que "traduce muy bien el procedimiento de resolución de conflictos en la reciente legislatura".

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, se felicitó por la creación de la comisión y mostró su esperanza en que el dictamen esté listo entre septiembre u octubre para que la prestación sea una realidad en 2009.

Además, hizo referencia a la conveniencia de que la gestión del fondo de cese de actividad sea llevada por las mutuas de accidente de trabajo, "para evitar la picaresca".

Finalmente, el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, valoró que la comisión se haya creado antes de las elecciones y señaló que su composición es equilibrada.

En la misma línea que Amor, y a la espera del dictamen de los expertos, Reyna defendió la necesidad de que el fondo sea gestionado por alguna institución pública dependiente de la Seguridad Social.