Esta norma convertirá a la Agencia, actualmente un órgano de la Junta con rango de dirección general, en entidad de derecho público con patrimonio propio y autonomía financiera.

Se pretende así dar respuesta a las especiales condiciones en que se desarrolla la cooperación exterior andaluza, la primera de España tanto en volumen de recursos como en ámbitos de actuación, según informó la Junta.

De acuerdo con el proyecto, el nuevo ente público se encargará de coordinar las políticas autonómicas dirigidas a la erradicación de la pobreza y al fomento del desarrollo sostenible en el mundo, además de gestionar los recursos materiales y económicos de la Junta para estos fines.

Asimismo, su actividad se orientará a reforzar la relación con los destinatarios de la ayuda y con las organizaciones sociales que impulsan iniciativas de cooperación internacional desde Andalucía.

Entre otras funciones, la Agencia asumirá la ejecución del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo; propondrá los planes anuales y programas operativos sobre estas materias; fomentará la participación de los agentes sociales en la política andaluza de cooperación; promoverá la formación especializada de los mismos, y realizará estudios e investigaciones.