Los ministros de Sanidad, Mónica García, y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reunieron hoy con los gobiernos autonómicos en una conferencia multisectorial en la que aprobaron la mejora de la atención temprana.

Se trata de un documento que establece un marco referencial de calidad común para asegurar que niños y niñas de 0 a 6 años tengan el derecho a una atención temprana de calidad, eficaz y gratuita, con un acceso rápido y equitativo.

Por ello, el acuerdo incluye que el plazo para intervenir en atención temprana debería ser de 45 días como máximo desde que se detecta un caso que tenga un riesgo evolutivo. Este plazo es el que marca de referencia la GIE (Garantía Infantil Europea), una recomendación del Consejo de la Unión Europea que fue aprobada de manera unánime en el año 2021.

Reducir los tiempos de espera en atención temprana es, por tanto, uno de los objetivos fundamentales de este acuerdo, ya que esta franja de edad, de 0 a 6 años, es una etapa crucial y crítica y cuando se sientan las bases del desarrollo infantil a nivel físico, cognitivo, emocional y social.

DESARROLLO SALUDABLE

Este período es clave, señala la evidencia científica, para garantizar un desarrollo infantil saludable que prevenga situaciones agravadas de discapacidad o de dependencia. También para mejorar la calidad de vida de los niños y de las niñas, así como para promover su inclusión social, sus capacidades, sus potencialidades, su autonomía y el libre desarrollo de su personalidad.

Por esta razón, desde Derechos Sociales y Sanidad alertaron de las consecuencias graves que pueden impactar en niños y niñas con necesidad de atención temprana si no se cuenta con un sistema público de calidad.

Además, este acuerdo contempla que todas las comunidades autónomas dispongan de una Red de Atención Temprana y que, para ello, los gobiernos autonómicos dispongan de una norma que regule específicamente la materia. En esta normativa deben establecerse los mecanismos de coordinación y de compartición de documentos e historias clínicas.

FUNCIONAMIENTO

El sistema debe también interconectar los departamentos que forman parte del proceso, así como ordenar y regular su participación: equipos de atención primaria, profesorado, profesionales de los servicios sociales, etc... En este grupo de medidas se deben establecer, así mismo, las bases para que la red disponga de una plantilla de profesionales estable, suficiente y con empleos de calidad.

El acuerdo incluye también una dotación económica de casi 42 millones de euros (41.874.524,17 euros) que el Ministerio de Derechos Sociales repartirá entre los gobiernos autonómicos con cargo al Fondo Social Europeo Plus, con el objetivo de que todas las niñas y los niños tengan un acceso adecuado a la atención temprana con independencia de su lugar de residencia y de sus circunstancias familiares y sociales.

El plazo temporal para la implantación de estas medidas será el año 2030 y coincidirá con la finalización del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030).