El portavoz del PP, David Pérez, que presentó en la comisión de investigación el dictamen de conclusiones, aseguró que el Gobierno regional "ni ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier otra persona".

Asimismo, en el documento se señala que la actual estructura de la Dirección General de Seguridad y las funciones de su personal son "las mismas" que puso en marcha el Gobierno del socialista Joaquín Leguina y que "potenció" el Ejecutivo presidido por Alberto Ruiz-Gallardón.

Asimismo, indica que la comisión de investigación "no tiene elementos de juicio para determinar el origen" de las informaciones publicadas por el "El País" y "confía en el total esclarecimiento de los hechos a través de las actuaciones judiciales en curso".

A su juicio, los comparecientes responsables de estos asuntos en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interiorhan declarado "lo mismo" sobre los espionajes, es decir, que no han amparado ese tipo de actuaciones.

Igualmente, Pérez añadió que se ha acreditado que "los supuestos partes ni son documentos de la Consejería ni corresponden en muchos casos con las agendas oficiales de los espiados".

En el documento de conclusiones del PP se pone de manifiesto que "los supuestos partes carecen de rigor exigible para merecer tal consideración para profesionales de la seguridad con décadas de experiencia".

El PP está convencido de que Marcos Peña, Sergio Gamón y Enrique Barón, responsables de Seguridad de la Comunidad de Madrid y que cuentan con una larga experiencia como policías, han puesto de manifiesto en sus comparecencias que "nunca en su trayectoria profesional habían visto llamar parte a un documento de este tipo".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

La portavoz de IU, Inés Sabanés, criticó que el PP haya acordado cerrar la comisión con tan sólo cuatro días de comparecencias y dijo que en el documento de conclusiones de su grupo se señala que, "a fecha de hoy permanecen los mismos motivos" que había cuando se puso en marcha la comisión de investigación sobre la supuesta red de espionaje a políticos.

Por ello, defendió mantener los trabajos de la comisión, en vez de cerrarla, y ampliar las investigaciones, ya que se ha impedido la comparecencia del 70% de las personas solicitadas por los grupos parlamentarios y calificadas por la Mesa de la Asamblea.

Sabanés afirmó que los argumentos del PP para cerrar la comisión "no sólo refuerzan las hipótesis iniciales" sobre el espionaje y su vinculación con la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, sino que "añaden elementos nuevos de informaciones reservadas".

IU está convencida de que ha habido espionaje y apunta que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, tiene "algún tipo de diferencia política importante" con todos los espiados.

Tras denunciar que el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el ex consejero de Justicia Alfredo Prada no han podido comparecer ante la comisión de investigación, a pesar de haber sido espiados, Sabanés defendió que todas las actuaciones de la Comunidad de Madrid "han ido en la dirección de impedir la profundización de las investigaciones".

En sus conclusiones, IU expone que las acciones de espionaje estaban localizadas en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, "donde existe personal y estructuras que no responden a ninguna de las competencias asignadas en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad en materia de Seguridad".

Tras exigir la dimisión del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, Sabanés manifestó que este tipo de espionajes no puede hacerse sin el respaldo de Aguirre, quien, "por acción u omisión, tiene responsabilidad en todos los hechos que afectan a su Gobierno".

Por ello, aseguró que cerrar la citada comisión "en estas condiciones, no garantiza llegar al fondo de todas las responsabilidades y tramas relacionadas" con el espionaje, por lo que los trabajos deberían continuar.

PSM: AGUIRRE, MÁXIMA RESPONSABLE

Por su parte, la portavoz del PSM, Maru Menéndez, expuso sus conclusiones, en las que se señala a Aguirre como la "máxima responsable política" del espionaje y del "bloqueo al esclarecimiento pleno de los hechos forzando un cierre abrupto de la comisión".

Tras exigir también la dimisión de Granados, pidió la "supresión" del área de Seguridad dirigida por Sergio Gamón, por "despilfarro de fondos públicos, a la vista de sus escasas funciones y altos sueldos".

El PSM plantea también la supresión de siete de los nueve puestos de asesores de seguridad y medidas para mejorar el Reglamento de la Cámara regional en lo relativo al funcionamiento de las comisiones de investigación.

Manández propuso que la presidencia de ese tipo de comisiones recaiga en un diputado ajeno al grupo mayoritario y que no puedan cerrarse sin la comparecencia de todas las personas solicitadas y calificadas.

Asimismo, afirmó que el cierre de la comisión decretado por el PP es un "claro intento de ocultar los hechos" y pidió que se reanuden los trabajos de "forma inmediata" para escuchar a las 18 personas que no han podido comparecer en la Asamblea.