Según recoge el último número de la revista "Deliberación" que edita la APM, dicho marco legal, cuya creación, a su juicio, "es urgente", debería establecer unas bases firmes que regulen el sistema de compensaciones ecónomicas para el trabajo y las funciones que ejercen los jueces.

Para la APM, dicho sistema de retribuciones debería estar "siempre en relación con las efectivas y reales remuneraciones de los ostentadores de los otros poders del Estado, ministros del poder ejecutivo, diputados y senadores del poder legislativo, en cuyo cómputo hay que incluir siempre no sólo las percepciones dinerarias, sino también las que tienen otros contenidos".

La asociación considera que dicha legislación específica también tendrá que ponderar "el alto nivel de incompatibilidades de los jueces y la dignidad que corresponde al servicio de la justicia".

Asímismo, estima que ese sistema deberá completarse con una "renovación automática" de los slarios de carácter anual, en la que además de tener en cuenta las modificaciones que se produzcan en los otros poderes, "se haga una ponderación del IPC y de los incrementos que afecten a los jueces de otros países de la Unión Europea de similares producto interior bruto y renta 'per capita'".

Con unas retribuciones objetivadas al máximo y distribuídas de manera que se correspondan con el grado de trabajo y responsabilidad de cada juez, continúa la APM, será viable obtener una fórmula equilibrada, denro de las posiblidades económicas e incardinada en la propia estructura de los poderes del Estado.

Además, agrega que con esta fórmula se evitarán también situaciones de tensión entre "el Estado-Patrón y uno de sus poderes, eludiendo una suerte de 'negociación colectiva', que minaría la verdadera posición de los jueces en las instituciones".

Finalmente, asegura que también tendrán que plantearse un día la sociedad y el Estado "la necesidad de crear en el plano económico y en el social suficientesatractivos para acoger y, sobre todo, retener a los buenos juristas en el ejercicio de la función jurisdiccional; en esta cuestión las cicaterías de un momento suelen tener después un coste mucho más alto", concluye.